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POTA, guerra entre normas y grúas


  

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Artículos de este autor

Crisis y valores


2009 | Editorial



Vetos, llamadas, denuncias y agua de borrajas


2009 | Comunicación



Elogio de la bondad. Perfil de María García Torrecillas


2008 | Ideas



Vocación independiente, espíritu crítico


2008 | Editorial



POTA, guerra entre normas y grúas


2007 | Economía



No hay quinto malo


2007 | Editorial



Saluda


2011 | Editorial



POTA, guerra entre normas y grúas


 

Ha llegado tarde, a destiempo, dicen unos. 

Quizás… Pero por fin ha llegado, reconocen  otros. 

Pocas veces un paquete Legislativo ha provocado tanta pasión, tanto artículo, tanta crítica, tanto ardor defensivo. Pero es que en la batalla juegan poderosos caballeros. Que se juegan mucho, y en enorme cantidad. 

Blandiendo la espada de la sostenibilidad y el desarrollo armónico, el 25 de octubre de 2006 el Parlamento Autonómico aprobaba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. El POTA. 

Un largo texto que va más allá de una mera declaración de intenciones, y busca ser algo así como el peaje de una autopista por la que va a correr Andalucía, y con carriles por los que han de circular todas las Consejerías, amén de Ayuntamientos y, en efecto dominó, los agentes económicos. 

Por ejemplo, reordena el territorio en redes de Centros Regionales, ciudades medias y asentamientos rurales. En nuestra provincia, el centro regional es la capital, claro, en la que se prevé un área metropolitana con Huércal y Viator y, rozándola, Alhama. Sobre el papel, redes y nodos de ciudades medias relacionadas entre sí.

Claro que eso es en el mapa, sin tener en cuenta en principio las cuestiones políticas vecinales porque a Poniente, por ejemplo, la cabecera comarcal, la ciudad media de categoría 1 es El Ejido; mientras que Roquetas aparece como ciudad media 2, lo mismo que Adra… Habrá que ver como sienta esa distinción en uno y otro municipio. 

Y más cuando se presentaron alegaciones desde el Ayuntamiento roquetero para que el municipio tuviese el mismo rango y consideración que el vecino ejidense. Pero de momento (cosas veréis, amigo Sancho), por una cuestión jerárquica, los circulitos en la serie cartográfica aprobada y publicada siguen siendo iguales: un punto rojo, gordo, para Almería, otro algo menor para El Ejido, medianos para Roquetas y Adra y chiticos para el resto. 

Pero, amén de planos y otras cuestiones, el POTA también obliga por ejemplo, a dotar de servicios como escuelas de idiomas, redes viarias en condiciones; recuperar el patrimonio histórico y cultural; o a crear centros de profesores a las ciudades medias; amén de centros de salud cada 25.000 habitantes, centros de distrito cada 150.000 y hospitales cada 100.000 habitantes.  

Entonces, ¿Por qué ha comenzado la guerra?

“Desarrollismo” cero

Pues porque el Parlamento también aprobó una propuesta presentada por Izquierda Unida, por la que el POTA quiere limitar el “desarrollismo desmedido” a que nos hemos acostumbrados en los últimos tiempos, sobre todo en la costa andaluza. 

Así, no se permitirá un desarrollo superior al 40% del suelo urbano que ya exista; ni tampoco un crecimiento urbanístico que suponga un incremento de población superior al 30% en ocho años.

Y ahí esta el arma de destrucción masiva, pero en versión grúa. 

Los Ayuntamientos se encuentran en plena faena, redactando o cambiando sus Planes Generales. Y la mayoría, quieren crecer a lo grande. Roquetas tiene previsto hacer 20.000 mil viviendas más; en Níjar se quieren construir cerca de 60.000 casas alrededor del Parque Natural; en Zurgena, con apenas 3.000 habitantes, se aprueban proyectos para 1.200 viviendas en suelo no urbanizable; en Albox son ya más de 700 los chalés calificados de ilegales; en Antas hay 3.200 habitantes y el nuevo PGOU prevé sesenta mil viviendas y en Cuevas del Almanzora, se busca pasar de los doce mil habitantes actuales, ¡al medio millón!

Hasta en Bentarique, apenas 800 habitantes, hay prevista una urbanización que duplicará en extensión el actual casco urbano y, si sale adelante, no dejará en paz ni a los difuntos: habrá que cambiar de sitio el cementerio, porque estorba.

Y se multiplican las denuncias de grupos vecinales y ecologistas en Playa Macenas, Acantilados de Aguadulce, en Vera, o en zonas que, como poco, rozan los espacios naturales protegidos de Filabres y Sierra Nevada. 

Alertan de lo que puede suceder si no se para: que habrá peligro por la invasión en ramblas y zonas inundables; que el ladrillo vencerá a árboles, jardines, equipamientos, infraestructuras sociales básicas… Y que, en muchos casos, no se ha previsto lo primordial: el abastecimiento de agua. 

Enfrente, los mandatarios municipales, sobre todo en el interior, que ven en el ladrillo la panacea a años de despoblamiento y crecimiento cero. 

Una gallina de huevos de oro, vestida con la piel de una promotora, y que ofrece dúplex, chalés y apartamentos a cambio de pingües beneficios a Ayuntamientos con arcas paupérrimas. Que se sepa.  

Y el POTA, unido a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística, quiere dar la vuelta a la tortilla. Obliga a reservar el 30% de suelo para hacer viviendas protegidas; y pone freno al ladrillo verde: no se dará prioridad al cambio de uso de suelo para hacer campos de golf…

Y claro, con estos mimbres, la guerra estallaba como petardo en feria.

¿Especuladores?

No han vacilado nuestros empresarios de la Cámara y Asempal, juntos y de la mano Diego Martínez Cano y Miguel Uribe, en echar las diatribas sobre el POTA y sobre la consejera Concepción Gutiérrez.

Aseguran que la nueva normativa va a provocar una caída cuesta abajo y sin frenos de nuestra economía provincial, con un descenso de entre el 6 y el 8% del PIB, y más de 15.000 puestos de trabajo perdidos. 

El motivo, que el sector de la construcción supone el 14% del movimiento económico en la provincia, que genera más de 1.200 millones de euros al año,  y que esto es como una reacción en cadena: “si se construye menos, habrá menos puestos de trabajo; si aumenta el paro; se verán implicados los demás sectores económicos y, al haber menos oferta; subirá el precio de la vivienda”. 

Incluso, Diego Martínez Cano llegó a vaticinar que “en Almería hay 120.000 inmigrantes, lo que puede provocar un gran problema social al contar con muchos parados en las calles”…Sin comentarios.

Pero directa al grano, contundente y sin ambages, les rebatía la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez: “El POTA opta por la construcción y el desarrollo, pero desecha la especulación”. 

¿Y quiénes son los especuladores? Pues todos los que den prioridad “a su propio interés frente al general”. Gutiérrez, en rueda de prensa, decía algo que todos sabemos; que en los últimos años, “se ha desmadrado el precio del suelo” (sin que, durante años, la Junta haya intentado parar el camino de la especulación, puntualizan colectivos como el GEM o Ecologistas en Acción)  y que, mientras que en Andalucía, el crecimiento de las viviendas ha sido del 20%, la población sólo ha crecido un 14%. 

Según la Junta y el PSOE, en la provincia queda capacidad y superficie como para hacer más de 360.000 viviendas en los próximos años.

Por eso, la responsable de la Junta lo ha dejado claro. Se rechazará “cualquier objetivo que pase por intereses especulativos”.

Y en estas, piden los ecologistas que el POTA se cumpla a rajatabla, y aseguran que el 95% de los Planes Generales que tratan de acelerar los Ayuntamientos, con la nueva norma, serán ilegales. Mientras, el PP anuncia mociones en cada consistorio pidiendo que el Parlamento y la Junta den marcha atrás…

 Habrá que ver quien gana finalmente la batalla. Si la Ley que se ha dado a sí mismo un Parlamento, o el peso hasta ahora implacable de las grúas. 

Esperemos, al menos, que en esta guerra, los ciudadanos no se conviertan en daños colaterales.

Sólo el tiempo nos dirá cuántas han sido las bajas, y en qué bando están. 

GIRO HACIA EL LADRILLO

“No quiero ser recordado como un cobarde en un asunto como éste”, afirmó a un periodista Diego Martínez Cano. Seguro que no. 

Desde el primer día, cuando se subió al atril de la Cámara de Comercio en su primer discurso como presidente, ha dado muestras de no tener pelos en la lengua, y de no ser precisamente, de los que se casan con cualquiera. 

Aquel 8 de abril de 2006, frente a un auditorio plagado de políticos de todos los signos, enseñó las cartas con las que, a su juicio, deben jugar los empresarios almerienses en el futuro.  Manteniendo y mejorando lo que hay, esto es, agricultura intensiva; turismo y mármol, pero promoviendo un cuarto sector económico: la “industria residencial”. Capaz de atraer promotores, empleo estable y turistas con alto poder adquisitivo, asegura. 

¿Cómo? Con denominación de origen. Si en Tarifa, el turismo es igual a windsurf, en Almería debe ser, a juicio de Martínez Cano, el golf. 

Pero, afirma, “no se trata de una mera cuestión inmobiliaria”, sino una “enorme posibilidad de crear servicios aún no explotados”, para lo que se tendrían que implicar no sólo los promotores, sino también Administración y el resto de agentes sociales. 

Eso sí, previo permiso del POTA. Porque en una ajetreada primavera, Diego Martínez Cano ya anunciaba que el nuevo Plan, “que no ha sido consensuado con los empresarios”,  tendría que modificarse, “porque si no, será una pesada losa en el futuro de Almería”. 


 

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Este artículo fue publicado originalmente en el Anuario Crítico de Almería 2007, en la sección Economía


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