Almería, a pesar de ser la huerta de Europa y batir anualmente récords en producción hortofrutícola, es una de las provincias españolas con menor índice de aseguramiento agrario. El buen tiempo y el carácter voluntario del seguro no han generado la suficiente sensibilidad para que el empresario agrícola proteja su medio de vida. Las subvenciones extraordinarias como respuesta a las catástrofes naturales hacen muy poco por mejorar la situación.

"Almería, donde el sol pasa el invierno” decía aquel viejo eslogan publicitario. Es cierto, en Almería disfrutamos del buen tiempo todo el año, salvo escasos episodios de adversidades climatológicas, tan breves como intensos y dañinos. Quizás sea por la bonanza climatológica que nunca esta provincia ha sido el ejemplo a seguir en aseguramiento agrario, que sigue siendo uno de los más bajos de toda España con índices en torno al 8%. Es decir, de cada cien fincas, hay 92 de ellas que no están aseguradas.

Cualquier agricultor reconoce en privado la importancia de asegurar su medio de vida, al mismo tiempo que reconoce la escasa probabilidad de que realmente sufran un daño importante en su explotación por las buenas condiciones climatológicas que imperan durante todo el año. Al final, el seguro no se convierte en una prioridad y la gran mayoría de los productores saben que si algún día ocurre algo en su explotación siempre pueden contar con ayudas extraordinarias de las arcas públicas que les resuelvan la papeleta.

Lo peor de todo es que el seguro agrario en Almería, como en el resto de España, no es una cuestión obligatoria. Todo depende de la voluntad del agricultor y de su criterio. La diferencia con el sistema de aseguramiento aplicable actualmente al común de los mortales y de otros sectores económicos es abismal. Todos nosotros estamos obligados a pagar un seguro antes de poder conducir nuestro vehículo particular, un seguro de hogar, un seguro de vida vinculado al préstamo hipotecario, etcétera.

Pero el campo es diferente. Asegurar el medio de vida y subsistencia no sólo no es obligatorio, sino que además se incentiva no hacerlo. Como muestra, un ejemplo. En la campaña 2013-2014, Agroseguro (entidad dependiente del Ministerio de Agricultura que gestiona el sistema de seguros agrarios combinados) pagó en la provincia de Almería 2,2 millones de euros en indemnizaciones por daños sufridos en el campo. De esa cantidad total, más de un millón de euros fueron a parar al bolsillo de los damnificados por virus, especialmente por los daños sufridos a consecuencia del tristemente célebre virus New Delhi. Pues bien, a pesar de que el sistema público de seguros agrarios incluye la cobertura contra pedrisco, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía libra una partida presupuestaria de cinco millones de euros para que los afectados por la granizada de noviembre de 2013 en el Poniente almeriense puedan reconstruir sus invernaderos. Eso sí, como requisito para beneficiarse de estas ayudas extraordinarias se impone la contratación de un seguro agrario durante los próximos cinco años. Vaya, menos mal. Es lo que la consejera del ramo explicó a las organizaciones agrarias en Almería como “hacer labor didáctica para sensibilizar sobre la importancia del seguro agrario”. Una labor didáctica de dudosos resultados a largo plazo, que ha salido de los fondos públicos y que ha representado más del doble del montante pagado por Agroseguro en indemnizaciones durante toda una campaña agrícola completa.

Ante la misma granizada, el Ministerio de Agricultura se limitó a anunciar 24 horas después de los daños registrados que agilizaría al máximo la peritación y el cobro en las fincas aseguradas. Por aquella fecha, el departamento dirigido entonces por el ministro Cañete recordó que “lo asegurable no es indemnizable”, una frase que resume en pocas palabras un enfoque político en la gestión de las catástrofes naturales en el campo. Si el Ministerio de Agricultura quizás pudo pecar de frialdad, la Junta de Andalucía pudo pecar de generosidad poniendo encima de la mesa una importante partida presupuestaria con el objetivo de expresar su alta capacidad de resolución y su cercanía con los damnificados.

Tras la gestión realizada por la Consejería de Agricultura con la granizada de El Ejido, surge un dilema parecido tras la granizada que ha destruido gran parte del viñedo en la zona de Laujar de Andarax. La primera reacción de los agricultores afectados ha sido solicitar el apoyo extraordinario de la Junta de Andalucía, al calor de los dineros librados para sus vecinos del Poniente. Según los datos difundidos por ASAJA, el granizo dañó a finales del pasado mes de junio en la zona de Laujar unas 700 hectáreas de viñedo y otras 300 de almendro, olivar y frutales, precisamente las producciones que más han crecido en aseguramiento en toda España. Parece que la Alpujarra almeriense es la excepción que confirma la regla. En visita oficial, el mensaje transmitido por el subdelegado del Gobierno en Almería no pudo ser más claro: “el seguro agrario es la herramienta frente a este tipo de adversidades”.
Así las cosas, es muy entendible que los índices de aseguramiento agrario no levanten cabeza en Almería, a pesar de que nos encontremos en la huerta de Europa y en uno de los lugares del mundo con mayor concentración de invernaderos por metro cuadrado. Los datos oficiales difundidos por Agroseguro confirman que en 2013 sólo se aseguraron 2.983 hectáreas de hortícolas bajo plástico de las casi 30.000 que se han contabilizado en toda la provincia. Todo ello, a pesar de que el seguro de una hectárea de invernadero puede representar un coste medio en torno a los mil euros al año, de los que 750 euros se dedican a la póliza de cosecha y unos 250 euros a la de estructuras.

Desde las organizaciones agrarias, hace años que la excusa oficial para no asegurar más se orienta a la ausencia de coberturas y tipos de póliza realmente ajustadas a las necesidades de los productores. La respuestas de las administraciones implicadas fueron la constitución de un Grupo de Trabajo para la Mejora de los Seguros Agrarios y el lanzamiento del denominado seguro creciente. En cuanto al grupo de trabajo, abre un diálogo permanente con las organizaciones agrarias y trata de modelar las pólizas a medida de las circunstancias reales de cada cultivo. Por otra parte, el seguro creciente, que entró en vigor en abril de 2011, representa una importante modernización del seguro agrario y ofrece una contratación modulable que permite garantizar los árboles, las plantas, las cosechas futuras no recolectadas y hasta los precios. Bueno, lo de asegurarse contra las crisis de mercado y recibir una indemnización por bajos precios en origen es un planteamiento teórico y, por el momento, pendiente de desarrollo en la práctica.

Actualmente, los seguros agrarios pueden contratarse a través del sistema público de aseguramiento o en entidades privadas. Las dos opciones permiten suscribir pólizas con coberturas varias para cosecha y estructuras, aunque la diferencia sustancial es que sólo el sistema público de seguros agrarios combinados incluye coberturas por riesgos extraordinarios, como en el caso de los virus en hortícolas. Todas las producciones de invernadero y todos los tipos de invernadero que existen en Almería son asegurables, aunque hay exclusiones en función de la antigüedad de la instalación. Con todas estas opciones, asegurar está al alcance de la mano de cualquier agricultor.