La portada es una reproducción de la imagen plasmada en una chapa que editó la Asociación de Periodistas de Almería y en la que se podían leer los hastags utilizados a través de Twitter por los periodistas para reivindicar la profesión y denunciar algunas de las situaciones que se estaban produciendo durante el año. Dicha chapa la vestimos muchos periodistas en todas las manifestaciones, que fueron muchas, y que tuvieron lugar durante los dos años de los que trata el Anuario de 2013.

La sentencia llegó. El 16 de febrero de 2012 el pleno del Parlamento Europeo votaba favorablemente el nuevo acuerdo agrícola entre la Unión Europea (UE) y Marruecos en un proceso que tan sólo duró siete minutos, para su entrada en vigor el 1 de octubre. Seis años transcurrieron desde el inicio de las negociaciones entre ambas partes para la renovación del convenio, que lleva progresivamente a la liberalización del comercio agrícola y que tantos quebraderos de cabeza ha dado al campo almeriense, hasta la aprobación definitiva. Este acuerdo se prevé ventajoso para ambos lados del Estrecho, pero en el caso español o el arco mediterráneo es preocupante por las concesiones que realiza la UE en el ámbito de las frutas y hortalizas, más aún teniendo en cuenta la coincidencia del calendario de producción.

Los productores de la provincia han mostrado su oposición al convenio durante todo este tiempo y han empleado todas las herramientas que tenían a su alcance para intentar frenarlo sin éxito. No han variado sus argumentos: “No estamos en contra del desarrollo de terceros países, pero no queremos renovar un acuerdo cuando el vigente se incumple continuamente”, señalaban desde las organizaciones agrarias más representativas en Almería (Asaja, Coag y UPA). Esta afirmación emane de una serie de actos contrastados incluso por organismos europeos como la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) o la propia Comisión Europea (CE), así el hecho de que Marruecos sobrepasara el contingente importado por la UE en términos a los que se tenía acordado, es decir, por ejemplo en el caso del tomate, el país norteafricano podía exportar todo lo que quisiese, pero sólo una cantidad estaba sujeta a un precio mínimo, a partir de ella Marruecos debería recibir el mismo trato en cuanto a precios y tasas que otro país cualquiera con el que no hubiese acuerdo, pero no siempre era así, incluso entrando producto por debajo del precio marcado. Además, los trabajadores del campo almeriense reclamaban las mismas exigencias para ambas partes, tanto en el uso de materias activas, como medioambientales, de higiene o en condiciones laborales.

Los agricultores han sido protagonistas de numerosas movilizaciones en protesta por el acuerdo y la pasividad del Gobierno español ante ello. En Almería, incluso, llegaron a cerrar la feria de agricultura Expo Agro con el fin de hacerse escuchar. Pero a las voces del campo también se han sumado otras, como la del parlamentario europeo José Bové (Los Verdes), en este caso por dudar de la legalidad de incluir en el pacto agrícola los territorios y productos saharauis.

En diciembre de 2009 la CE confirma un acuerdo verbal con Marruecos a falta del sello oficial y en diciembre del año siguiente el Consejo de Ministros de la UE y el país norteafricano ratificaban el pacto preferencial que en 2012 el PE aprobaría en siete minutos.

Desde entonces la esperanza de los agricultores almerienses, ante sus sospechas de que el reino marroquí seguirá actuando como antes pero ahora amparado por un marco normativo, es la modificación de la norma europea de 1 de septiembre de 2012 sobre la entrada de productos de terceros países, sobre todo, para los productos sensibles, puesto que desde este momento las importaciones son más controladas en todos los eslabones de la cadena. Sin bien, esta modificación no pareció dar sus frutos en los primeros meses, puesto que ya el 27 de noviembre de 2012 Coag denunció que la deslealtad de Marruecos cuesta cuatro millones de euros a la semana al campo almeriense. En este sentido, durante casi todo el mes citado, el valor de las importaciones de tomate procedentes del reino marroquí se situaron por debajo de los 0,46 euros el kilo, precio de entrada mínimo fijado para este producto en el protocolo agrícola. Este hecho repercutió en que el precio del tomate de la provincia pasase de estar en torno a los 58 céntimos a los 35 céntimos, lo que supone una pérdida del 40% del valor de este producto. Según explicaba el secretario provincial de Coag Almería, Andrés Góngora, Marruecos debería estar pagando una tasa arancelaria de 0,30 euros por kilo, “cuando se incumple el acuerdo por debajo del 90% del precio de entrada, la tasa arancelaria que se practicaría serían casi los 30 céntimos. Nadie se cree que los exportadores marroquíes estén pagando esas tasas arancelarias si tenemos en cuenta que en el mercado de Persignan se estaba vendiendo tomate de Marruecos alrededor de los 32 céntimos. Nadie vende producto para poner dinero”.

Aunque aún es pronto para analizar la repercusión del acuerdo de asociación, lo cierto es que la campaña agrícola 2011-2012 concluyó con unos datos muy positivos para el campo almeriense y la siguiente se prevé acabar con cifras también óptimas. Asimismo, a pesar de los incumplimientos marroquíes, las exportaciones de tomate almeriense continúan creciendo. En cuanto al carácter cualitativo la huerta provincial también ha dado un salto espectacular, y puede ser que, quizás, la presión de la competencia de países terceros haya influido en ello. También habrá que esperar a los resultados de la política de acercamiento entre el Gobierno español y el reino de Marruecos para estrechar lazos y evitar conflictos.