“Ser fuerte significa aceptar esas penas por las cosas que merecen la pena. Es frecuente la tentación de rebajar la vida moral hasta el simple desarrollo vegetativo y conformista, ajeno a todo esfuerzo: vive y deja vivir; algo parecido al ideal de las plantas: hacer tranquilamente la función clorofílica”. Este párrafo es un extracto del ensayo de José Ramón Ayllón ‘En torno al hombre’ (Rialp, 1992). Resume bien lo sucedido en Almería durante 2008 respecto a dos escándalos (sí, escándalos: acción o palabra que es causa de que alguien obre mal o piense mal de otra persona, según la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española) en la política local almeriense. El primero de ellos, por seguir un orden cronológico, se destapó en el mes de octubre. Tres asesores de la Diputación de Almería, que protagonizaron un vídeo con cámara oculta en el que reconocen que sus sueldos les permiten estar “liberados” y trabajar para el PSOE, dimitieron. El presidente de la Diputación, Juan Carlos Usero (PSOE), aceptó las dimisiones del director de Relaciones de Entes Supraprovinciales, Antonio Ortiz; la asesora Rosalía Gallardo, y el director de Desarrollo Sostenible, Diego López, porque sus declaraciones en el reportaje “deterioran la imagen de la institución”, dijo Usero.

En el vídeo, realizado por el canal Intereconomía, Antonio Ortiz reconocía tener su cargo en Diputación “para estar liberado”, ya que en la institución no hace “prácticamente nada”. Por su parte, el ex concejal del Ayuntamiento de Almería Diego López reconoce no tener “ni el grado A ni el grado B” de funcionario, pese a exigirlo su puesto, al que accedió “directamente” por ser concejal. El secretario provincial del PSOE en Almería, Diego Asensio, respaldó el triple cese y felicitó a Usero por actuar con “contundencia, claridad y transparencia” para atajar las consecuencias de unas declaraciones que calificó de lamentables. Por su parte, el PP pidió la convocatoria de un pleno extraordinario que esclareciera que el órgano gastase 121.000 euros al mes “en pagar cargos inútiles” y recordó su oposición, desde el principio, a la contratación de 42 asesores. 

Guerra de números

Desde que el tema saltó a la opinión pública tanto PP como PSOE –IU mantuvo un silencio bochornoso en el asunto- jugaron a una guerra de números sobre los asesores. Los populares denunciaron que Juan Carlos Usero elevó el número de dichos asesores a la friolera cifra de 74, si bien sólo ‘colocó’ a 42 de forma directa y el resto ya venía de mandatos anteriores. Los 42 de Usero se desglosan, según el diputado popular Manuel Alías, en: 3 administrativos y 3 asesores del PSOE; 3 administrativos y 3 asesores del PP; 1 asesor y 1 administrativo de IU; 1 asesor y 1 administrativo del PAL; más “al menos una decena” (10) de candidatos o cargos del PAL, “al menos” otra docena (12) de gente que había ido en las listas o habían sido cargos electos del PSOE y “dos o tres” cargos o dirigentes de IU (que hace entender su silencio). Según Alías, Usero dobló, en sólo un mes desde su llegada, el número de asesores acumulados en 20 años con los presidentes Tomás Azorín (que designó 11), Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (añadió 13) y José Añez (sumó otros 8). 

Fuentes del equipo de trabajo de Usero aseguran que la Diputación de Almería nunca llegó a tener todos los asesores designados en el catálogo de puestos y que el máximo que hubo fueron 66. Todo un consuelo para el ciudadano de a pie que respiró aliviado cuando se redujo el número de eventuales en 16 personas para el presupuesto de 2009. Las mismas fuentes apuntan que el Ayuntamiento de Almería, gobernado por PP y GIAL, tiene a su disposición 67 personas eventuales, si se cuentan los ‘asesores de grupo’ (PSOE, PP, GIAL e IU), y los ‘directores’ y ‘jefes’, todos igualmente cargos de libre designación. 

El papel de la prensa

Cuando saltó el escándalo muchos dijeron algo así como que tenía que venir una tele “de fuera” para denunciar lo que estaba ocurriendo en la Diputación. El PP, como principal partido de la oposición, denunció en numerosas ocasiones lo que interpretaba como “un exceso” y se quejó abiertamente de que la prensa hiciera “oídos sordos”. Pero no fue exactamente así y algún medio local sacó la lista de los asesores con sus sueldos incluidos mucho antes de que Intereconomía hiciera público su vídeo. Todos los medios de comunicación y periodistas que cubren informaciones políticas de ámbito local conocían esta realidad, entre otras cosas, porque estaba publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Lo noticioso fue oír reconocer a los designados como asesores que no realizaban trabajo alguno para la Diputación pese a que sus sueldos provenían de la institución provincial. 

Merece la pena, sin embargo, hacer una reflexión sobre el modo en que el canal Intereconomía grabó esas imágenes. A Antonio Ortiz y Rosalía Gallardo los grabaron en la oficina que el partido socialista tiene en Roquetas de Mar. El periodista, mediante una mentira planificada, consiguió la frase de oro: el cargo en Diputación es “para estar liberado”, dijo Ortiz. A Diego López consiguieron arrancarle que no hacía “nada” para la Diputación entre caña y caña de cerveza en un chiringuito de  playa. El profesor de Filosofía Robert Spaemann recuerda en su libro ‘Ética: cuestiones fundamentales’ (Eunsa, 1988) las dos posiciones que el gran sociólogo Max Weber caracterizaba como irreconciliables: la ética de convicción y la ética de responsabilidad. Entendía por ética de responsabilidad la actitud de una persona que, en sus acciones, considera el conjunto de las previsibles consecuencias, y se pregunta cuáles son las consecuencias mejores en conjunto, y entonces actúa en consecuencia. En este caso según Weber un médico actúa responsablemente si no dice la verdad sobre su salud a un paciente porque teme que no soporte esa verdad; responsablemente actúa el político que fortalece el potencial de guerra en caso necesario, con el fin de conseguir un efecto disuasorio y reducir así las posibilidades de guerra. Según la ética de convicción, por el contrario, actúa el pacifista que no está dispuesto a matar en ninguna circunstancia, tampoco incluso si la extensión de la idea pacifista aumenta de un lado el peligro de guerra. La ética de convicción habría impedido al periodista de Intereconomía conseguir el testimonio de los asesores –esto es, destapar una mentira orquestada por políticos- valiéndose de otra mentira, ya que se hizo pasar por un afiliado del PSOE. Pero Weber se inclinaba a designar la ética de la política como ética de responsabilidad.

El ‘Caso De Haro’ en la Concejalía de Cultura

En diciembre de 2008 saltó a la esfera pública otro asunto espinoso relacionado con la política municipal en el área de Cultura del Ayuntamiento de Almería que venía a romper con los principios más básicos de igualdad, competitividad y transparencia dentro de cualquier administración en democracia. A resultas de la aparición de unas facturas se descubrió que la concejala de Cultura, Lola de Haro (PP), convirtió a la empresa de su marido en proveedor casi exclusivo del Ayuntamiento. Los hechos se remontan al primer mandato de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador como alcalde de Almería. En ese período Lola de Haro ejercía como directora del área de Cultura y no dudó en contratar servicios millonarios con la empresa de la que ella misma era accionista en un 33%: Proyecto, Ocio, Deporte y Aventura S. L. (Prodesur). Siete años después de su constitución y justo cuando fue nombrada concejala de Cultura, ya en el segundo mandato de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, De Haro vendió sus participaciones a otro de los fundadores de la empresa por el mismo precio que se fijó en su constitución pese al notable incremento del valor de la sociedad atendiendo a los contratos públicos obtenidos. El volumen de actividades de Prodesur, organizadas tanto desde el área de Deportes como desde la propia concejalía de Cultura, es elevado aunque nunca se concretaron cifras. El parque infantil de temporada Navidiver, celebrado en diciembre de 2007 y enero de 2008, es uno de esos proyectos y contó con un presupuesto municipal de 125.000 euros. El PSOE expresó sus dudas sobre los intereses que podía haber detrás de las adjudicaciones de diferentes programas culturales y deportivos a Prodesur sin que mediara concurso previo. La concejala socialista Gemma Pradal solicitó los expedientes de contratación de las diferentes áreas que encargaron a Prodesur la puesta en marcha de actividades. Pradal pidió todos los pagos de Hacienda, los contratos de Deportes, Participación Ciudadana y Cultura. El equipo de gobierno municipal nunca remitió expedientes e invitó a Pradal un mes después a visitar los archivos. La concejala socialista se sorprendió al no encontrar ni una sola factura de 2004 y 2005. Los expedientes habían desaparecido. Los únicos que estaban eran los de Navidiver de 2006-2007 y 2007-2008. 

Fuentes del equipo de trabajo de Rodríguez-Comendador en el Ayuntamiento aseguran que “no existe nada” con la edil del PP, ya que si así fuera el PSOE habría ido a los tribunales. Gemma Pradal sostiene que, pese a que pueda ser legal, a los socialistas no les parece ético. “Todos los contratos se han hecho de forma privada y ninguna empresa ha tenido opción a presentar oferta. Incluso hay un informe de De Haro en el que aconseja que se contrate a esa empresa porque es la mejor”, remacha la edil socialista. 

En el ‘Caso De Haro’ llama poderosamente la atención el silencio generalizado sobre el tema en los principales medios de comunicación locales. Salvo alguna agencia y un medio de comunicación digital nadie informó al respecto. La prensa ni siquiera alcanzó aquí el rango de ‘vegetal’ para rebajar la vida moral, como aludíamos al inicio del artículo. Aquí, sencillamente, actuó como ‘parásito’.