Las crisis económicas son, en la mayoría de los casos, las tumbas de muchos derechos sociales adquiridos en tiempos de bonanza. Los colectivos más vulnerables son los que en mayor medida se ven golpeados por la falta de liquidez y por el recorte de las ayudas que reciben. Este es el caso del sector de la Discapacidad en toda su amplitud, el cual, se ha visto afectado de manera alarmante.

Como señala el Informe de la OMS y el Banco Mundial, la discapacidad forma parte de la condición humana, pues casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, ya sea por cuestiones accidentales como por el envejecimiento.

Además, hay que considerar que de facto, en el mundo más de mil millones de personas, el 15% de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad reconocida y las cifras van al alza, debido al progresivo envejecimiento de la población y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a la discapacidad como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales.

En nuestro país y según la ‘Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020’ el número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad asciende a casi 4 millones, lo que supone un 8,5% de la población. En un total de 3,3 millones de hogares reside al menos una persona con discapacidad, lo que supone un 20% de los hogares.

Desmantelar la Ley de Dependencia

Lo que nació hace siete años como una gran esperanza para las personas con discapacidad y sus familiares se ha convertido hoy en un problema incómodo en las cuentas del Ejecutivo. En tan solo un año y medio las partidas destinadas a ‘Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Personas en situación de Dependencia’ se han visto recortadas en un 90%. Este dato se ha visto evidenciado en el Plan Nacional de Reformas remitido por el Gobierno de España a la Unión Europea en el que anuncia que a lo largo de 2013 pretende aprobar tres reales decretos con los que recortará 828 millones (más) las partidas destinadas a las personas dependientes.

Para el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), que aglutina a las principales entidades dedicadas a la discapacidad, “recortar más la Ley constituiría un gran fracaso social, un acto fallido del Estado y de la sociedad en su conjunto, que significaría dejar a su suerte, en un momento crítico, a los segmentos más vulnerables en términos de derechos y bienestar del país”.

Con estos recortes en la Ley de Dependencia, además de dejar de prestar ayuda a las familias que tienen a su cargo a personas con discapacidad, se están frenando las subvenciones que organizaciones de carácter social recibían para poder atender centros de día, residencias de mayores o centros de rehabilitación. Esto provoca un colapso en la gestión de dichos servicios, lo que aprovechan empresas privadas para hacerse con el control de este tipo de centros, convirtiendo así un derecho social en un negocio en el que los pacientes pasan a ser clientes.

Por otro lado, muchos expertos del sector de la Discapacidad aseguran que estos recortes, a largo plazo, suponen un encarecimiento de los tratamientos que requieren las personas con discapacidad. Una atención continuada en el tiempo y con una supervisión constante es económicamente más barata que una intervención puntual en caso de agravamiento de la enfermedad que sufra la persona.

La presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), Inmaculada García Montes, advierte de que el “ahorro” en los tratamientos dedicados a la discapacidad provoca a la larga un mayor “coste en dependencia”, motivo por el que se debería revertir esta relación “en tiempos en los que se habla de racionalización del gasto sanitario”.

SOS Discapacidad

Ante la inquietante situación por la que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias, agravada por la crisis y las decisiones políticas que han provocado el debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección social alcanzados en España, el movimiento de la Discapacidad, representado por el CERMI, decidió iniciar una Estrategia de Contestación Activa, a la que puso por nombre SOS Discapacidad.

Esta acción, que dio su primer paso en diciembre de 2012 convocando una manifestación en Madrid a la que acudieron cientos de miles de personas, persigue otorgar más presencia en la agenda política en lo que se refiere a la inclusión de las personas con discapacidad y contrarrestar con medidas de toma de conciencia y acciones directas las consecuencias de los retrocesos provocados en el sector.

Según el CERMI “la acción no es de beligerancia contra un Gobierno o una Administración, sino de mayor presencia y visibilidad públicas para evitar el colapso de los sistemas y dispositivos de promoción y protección de las personas con discapacidad y sus familias”.

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, ofrecerles unos servicios y una atención adecuada a sus necesidades y procurarles la inserción social y laboral debe ser una prioridad para los agentes sociales, políticos y económicos de este país. Cumplir con los derechos recogidos en la Convención ONU sobre personas con Discapacidad a la que España está adscrita debe ser de una prioridad. Salvaguardar la salud y estabilidad de las familias que tienen a cargo a personas en situación de dependencia debe ser otra prioridad. Sensibilizar e informar a la sociedad sobre las barreras visibles e invisibles a las que se enfrenta este colectivo debe ser prioridad indiscutible.

Por tanto, trabajar por y para las personas que más lo necesitan debe ser la prioridad más absoluta de quienes tienen la potestad (otorgada por el pueblo) de gobernar y de manejar el capital, porque el valor de sus derechos no debe tener precio.