Cuando comenzó este bucle de la crisis en el que estamos inmersos, parecía razonable y lógico pensar que la formación, la educación, la inversión en investigación y la búsqueda de la excelencia académica nos ayudarían a posicionarnos junto a  aquellos países que despuntan y que se sitúan a la cabeza del progreso. El pensamiento colectivo asociaba una mayor competitividad a la dotación de más recursos en el desarrollo de las futuras generaciones de profesionales.  Invertíamos, a fin de cuentas, en el capital humano que se situará al frente de nuestro tejido empresarial en un futuro no tan lejano.

El tiempo  transcurrió, la crisis se aferraba con fuerza, y el paciente no mejoraba; se mostraba ajeno  a cualquier tratamiento.

 Se aplicó entonces la receta de los recortes, ajustes y tijeretazos. Un remedio que ha afectado dramáticamente a muchos sectores de nuestra sociedad y, cómo no, también a la educación en todos sus niveles formativos. Y la enseñanza universitaria no iba a quedar invicta. De la búsqueda de la excelencia se pasó a tratar de conseguir el logro de la eficiencia, la racionalización del gasto y el ahorro. 

La tijera se coló en la Universidad de Almería. Para el periodo 2012 y 2013, la UAL anunció un descenso notable en los ingresos que se esperaba percibir, por lo que comenzó la aplicación de un plan de ajuste para cumplir los objetivos de déficit que imponía el Ejecutivo central. Las diez universidades públicas andaluzas debían ahorrar nada menos que 130 millones de euros en gasto.

Con la llegada del nuevo curso, la UAL volvía a incrementar el número de alumnos matriculados, tónica que se ha repetido de manera sostenida  durante los seis últimos años. El nuevo periodo académico arrancaba también, paradojas del destino, sumido en la crisis y en la obligatoriedad de cumplir con dos decretos que afectan a las universidades en su conjunto.

Por un lado, el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia económica y presupuestaria, aprobado el pasado 30 de diciembre. Su aplicación obliga a un ajuste de 2,2 millones de euros en la UAL en el capítulo relativo al personal.

Se sumaba el obligado cumplimiento del Real Decreto 14/2012, de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Este último establecía medidas de control del déficit. Su imposición se traduce de inmediato en el incremento de la carga docente para los profesores titulares y en una subida de las tasas universitarias. Y como en cualquier situación de recorte que se precie, se aplicaba una reducción en las becas y un recrudecimiento de los requisitos de acceso para obtener ayudas.

Las medidas de ajuste como siempre afectan directamente al usuario, en este caso, el alumnado, profesores y todo el personal vinculado a la Universidad de manera más o menos directa. Aunque es inevitable pensar que, a la larga, la reducción de la inversión en formación superior repercutirán en la sociedad en su conjunto.

Los recortes impuestos por las crisis han hecho necesario prescindir del 90 por ciento de los profesores asociados de la UAL. Una decisión que, lamentablemente, hará mella en la calidad docente, ya que los profesores asociados aportaban  su experiencia profesional al compaginar su actividad académica con el trabajo fuera de las aulas.  Prueba de su vocación es el hecho de que algunos hayan expresado su deseo de continuar incluso aunque tengan que prescindir de sus honorarios. Estaría bien que la vocación por la docencia se extrapolara a otros colectivos profesionales, ¿verdad?

La política de ajustes dibujaba este curso un nuevo mapa de las facultades y escuelas del Campus de La Cañada. Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia se refundieron  en un solo centro. Lo mismo ocurría con la Escuela Superior de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Experimentales, y con Humanidades y Psicología. De nuevo, los términos austeridad y eficiencia mandan, aunque esta medida haya provocado el malestar de parte de la comunidad educativa ante la fusión y reducción de centros. Bajo la amenaza del colapso del sistema público universitario, se prescindía de aquellos centros con un reducido número de alumnos y titulaciones.   

Los recortes en la Universidad también se han visto plasmados en su estructura de Gobierno, suprimiendo tres de los ocho vicerrectorados existentes hasta el año pasado y redistribuyendo competencias. La situación ha afectado a los proyectos de investigación,  que se ven castigados por la necesidad de acometer ajustes y quedan colgados en el limbo en muchos casos, a la espera de financiación. A esto se suma el cierre ‘temporal’ de la Unidad Andalucía Orienta, de la Fundación Mediterránea de la UAL, pendiente de la subvención del programa. Su función es apoyar y asesorar a aquellas personas que buscan empleo. Difícil labor, hoy en día.

El cierre de dependencias, el recorte en el gasto en teléfonos móviles e incluso los recortes de luz y agua en las instalaciones son algunas de las consecuencias derivadas del plan de ahorro o eficiencia energética, acometido en el campus.

Las universidades se financian con impuestos de los ciudadanos, pero si los ciudadanos tuviéramos capacidad para decidir, ante tanto despilfarro cometido en tantos otros sectores y administraciones, la pregunta sería clara  ¿nos beneficiarán en algo los recortes en  Educación? ¿No es la Universidad una fábrica de oportunidades? Son medidas de recorte que pretenden no afectar a la calidad docente y de investigación y que se aplican para evitar males mayores. No estamos ante un panorama bueno, sino ante el menos malo, nos dicen.