Miércoles 03 Junio 2020

La portada es una reproducción de la imagen plasmada en una chapa que editó la Asociación de Periodistas de Almería y en la que se podían leer los hastags utilizados a través de Twitter por los periodistas para reivindicar la profesión y denunciar algunas de las situaciones que se estaban produciendo durante el año. Dicha chapa la vestimos muchos periodistas en todas las manifestaciones, que fueron muchas, y que tuvieron lugar durante los dos años de los que trata el Anuario de 2013.


Brotes verdes y viviendas ilegales

Guillermo Mirón
Periodista

Meses antes de que Lehman Brothers cayera en bancarrota en septiembre de 2008 convirtiéndose en símbolo de la actual crisis financiera, otro emblema del bienestar que por entonces reinaba en  Almería -especialmente en las comarcas del Levante y del Almanzora- se vino abajo. En enero de ese mismo año, una máquina destrozó la casa ilegal de los Prior, un matrimonio de jubilados de origen británico que había depositado en esta inversión todo su futuro.

Una entidad financiera y una vivienda declarada “ilegal” situada en el municipio de Vera, en pleno Levante almeriense. Dos emblemas que se precipitaron hace ahora la friolera de cinco años. Desde entonces, la crisis económica y la creada con las viviendas ilegales han caminado de la mano hasta hoy. Cinco años después, poco o nada ha cambiado y, sin duda, la incertidumbre es cada vez mayor. Las peticiones de demolición se han sucedido una tras otra desde que un día alguien, como el médico que explora a contraluz una radiografía, descubrió que se habían construido más de 12.000 casas ilegales tan sólo en el Valle del Almanzora. Se cuentan por cientos las casas que corren el riesgo de ser demolidas y, como acostumbra a pasar, también en este caso la sociedad se ha movido más rápido que la burocracia. Tras años de protestas por parte de la comunidad británica y de propietarios de viviendas ilegales organizados en asociaciones que cada vez tienen una mayor presencia en los foros políticos locales e incluso europeos, el de 2012 ha sido el primer año en el que el decreto de regularización de viviendas de la Junta ha estado en vigor.

Hasta ese momento, varios representantes políticos, promotores, constructores y arquitectos de los municipios donde más prosperaron estas edificaciones, como Albox o Zurgena, han pasado por el banquillo. Pero la depuración de las responsabilidades políticas no ha estado acompañada por una oferta de soluciones para los afectados por parte de las administraciones públicas. Las denuncias se han ido acumulando y las peticiones de derribo han continuado produciéndose, aunque hasta ahora no se haya ejecutado ninguna tras el caso veratense. Como la crisis, el drama de miles de familias que invirtieron sus últimos ahorros en comprar una casa bajo el sol de nuestro Levante sólo ha crecido desde entonces.

Tras un año con el decreto en la calle, los primeros -aunque modestos- resultados se están obteniendo. Algunos municipios han conseguido regularizar algunas de sus viviendas y otros han adaptado sus planes generales de ordenación a las nuevas leyes y normativas. Aunque el comienzo de todo gran proyecto necesite de tiempo y paciencia, al decreto de regularización de viviendas le está costando mucho arrancar. Quizás más de lo esperado tras cuatro años aguardando su llegada. Un decreto que se encontró de frente con las asociaciones de afectados, que lo consideraron insuficiente. Las múltiples figuras que recoge el documento en relación a la ubicación y año de construcción de las viviendas y cada una de sus variables, además del margen que da a los ayuntamientos para el cobro de tasas de regularización, han hecho que el respaldo obtenido por este decreto sea hasta ahora simbólico. Ha faltado consenso.

Regularizar, se ha regularizado. Eso es cierto. Pero también, en pleno año 2012, no pocos alcaldes del Almanzora han tenido que hacer malabares con la normativa para llevar hasta decenas de estas construcciones un suministro precario de luz y agua. Luz y agua. Año 2012. Entre todo este panorama, las posibilidades -múltiples y confusas para muchos, pero existentes- que ofrece este decreto son, en la gran mayoría de los casos, el único as la manga que tienen unos ayuntamientos que, por un momento, vieron en el denominado  ‘turismo residencial’ la única vía de escape para su municipio en lo que a actividad económica se refiere. Aún hoy, esta sigue siendo la única posibilidad que muchos vecinos y dirigentes ven para unos pueblos sin apenas recursos naturales y condicionados por unas insuficientes vías de comunicación con el exterior. Pero si durante estos años atrás ha faltado capacidad de reacción y consenso, poco ha cambiado desde entonces.

Una vez más, las instituciones se encuentran ante sí con la obligación real de agilizar el sistema burocrático si lo que desean realmente es la prosperidad de sus territorios. Requisito indispensable para aquellas personas que un día compraron una vivienda que hoy pueden legalizar y también para aquellos municipios que deseen, de forma ordenada, intentar apostar por este modelo de nuevo. Que funcione es algo en lo que muy pocos creen ya pero, aunque esté por ver. El derecho a decidir su propia política municipal y comarcal es incuestionable.

Por su parte, los propietarios de las casas, llevados por la frustración de haber chocado una vez tras otra contra la misma pared administrativa, han puesto el caso sobre la mesa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Europa dictaminará si la legislación vigente protege como es debido el derecho a la propiedad de sus ciudadanos dentro del marco europeo. Mientras tanto, aquí el decreto anda, pero no corre, que ya es algo. Aunque a algunos le sepa a muy poco.

Aquel sistema financiero que parecía derrumbarse en 2008 con la caída de Lehman Brothers aún no se ha puesto en pie cinco años después. Recetas han llegado y siguen llegando. Desde Europa, desde el Gobierno central y desde las autonomías. Otra cosa muy diferente es que hayan solucionado ni uno sólo de los problemas con los que encuentran aquellos que están pagando este desastre originado años atrás. El otro de los desastres que simboliza la problemática de las casas ilegales en Almería, la demolición de la casa de los Prior, también sigue muy presente, aunque el número de casas ilegales ya no es el que era tras la regularización de una mínima parte de las mismas. Brotes verdes, que dirán algunos ampliando las similitudes. Lo que parece claro tras la puesta en marcha del decreto es que ahora es tiempo de aguardar para comprobar si, realmente, el nombre de Almería dejará de estar asociado al de las viviendas ilegales o si, por el contrario, no se trataba de otra cosa más que de eso, de simples brotes verdes.

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Este artículo fue publicado originalmente en el Anuario Crítico de Almería 2013, en la sección Sociedad


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