Si bien ya los datos de la macroeconomía dan esperanzas y una luz al final del túnel de la crisis, lo cierto es que son muchas las secuelas que ésta está dejando y que para muchos será para siempre.

Una de ellas ha adquirido tintes de drama social. Nos referimos a las personas que han visto afectada toda su vida por la hipoteca. Durante el llamado boom inmobiliario fueron muchos los que se lanzaron a comprar viviendas y, si bien, hubo la llamada especulación en nuestra provincia, lo cierto es que muchas personas simplemente compraron su vivienda habitual porque las entidades bancarias estaban de acuerdo en conceder los créditos necesarios.

Según datos de la memoria del Tribunal de Justicia de Andalucía, a finales de 2011 había cerca de 11.000 ejecuciones hipotecarias en Almería, una cifra nada desdeñable, incluso muy alta, si bien hay que tener en cuenta que estas hipotecas se refieren a todo tipo de inmuebles, es decir, se incluyen cualquier tipo de local, que no tiene por qué ser una vivienda habitual familiar.

Según dicho documento en la provincia se han llevado a cabo, durante el ejercicio pasado, unos 1700 desahucios y más de 2600 embargos, del mismo modo que el incremento de lanzamientos registrados en 2012 en el servicio común es de un 43 por ciento más.

Durante el pasado, año, y a la espera de una resolución por parte del tribunal de la Unión Europea, -que ya se ha producido- en la que se pone de manifiesto que debe haber mecanismos que protejan a los consumidores frente a las cláusulas de los préstamos hipotecarios españoles, sí vemos que acogiéndose a esto, había ya jueces que estaban paralizando desahucios en sus ámbitos de actuación. La pionera en hacerlo fue la magistrada de El Ejido Ana Fariñas, quien suspendió todas las ejecuciones hipotecarias pertenecientes a su distrito, acogiéndose a dicha resolución de la UE sobre desalojos. A ella se le han unido poco a poco más jueces. La directiva europea que cita regula “las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”. La UE ya se ha pronunciado al respecto y esto ha supuesto un varapalo para la actual ley hipotecaria española. Según el juez almeriense Ramón Alemán, “debe tener cabida en la nueva regulación esas circunstancias sociales actuales buscando una mayor protección del consumidor”.  Para Alemán, “gracias a la resolución de la UE, es evidente la mejora en la posición del deudor que ahora se le permite discutir las clausulas del contrato suscrito con el banco”. En todo caso, y en cuanto a la actuación de los jueces, estos tienen que aplicar la ley, “si bien a la hora de aplicarla e interpretarla se intenta adecuarla a la realidad social del tiempo, lo que en el caso de autos es evidente, dada cuenta la situación en algunos casos de desesperación y penuria económica en que se encuentran muchas familias españolas” y, por ende, almerienses.

Mientras, la realidad se impone. Una realidad que se hace cuanto menos contradictoria, máxime cuando en el territorio español hay cuatro millones de viviendas vacías, estando el 80 por ciento de las mismas en poder de entidades bancarias.

Los ciudadanos tendemos a unirnos ante las adversidades y, si bien, parece que nos cuesta hacerlo, lo cierto es que sigue siendo un método eficaz de lucha. Así, y junto al llamado movimiento 15 M, aparece en Almería la Plataforma de afectados por la hipoteca –PAH-. Una plataforma constituida en 2011 que pretende en líneas generales, y al igual que el resto de las plataformas que salpican la geografía española, la dación en pago, el alquiler social y la condonación de la deuda para aquellas familias que por culpa del estallido de la burbuja inmobiliaria se han visto imposibilitadas para pagar su hipoteca. Pese a ser una asociación modesta y con pocos medios, lo cierto es que su actividad no es nada desdeñable. Han logrado paralizar un desahucio en 2011, dos en 2012 y otro par en lo que va de 2013. Además de llevar a cabo convocatorias para manifestaciones y concentraciones para defender los derechos de los ciudadanos ante este problema. “Como dato orientativo podemos comentar que a las reuniones o asambleas que realizamos todos los jueves, acuden de media cada semana unos 40 o 50 afectados nuevos en busca de ayuda y asesoramiento, para poder afrontar la situación en la que se encuentran, esto cada mes representa que son entre 180 o 200 afectados, lo que nos da una idea del gravísimo problema que sufre nuestra provincia”, afirma José del Águila, miembro de la PAH. En cuanto a la opinión que le merece la actuación política frente a este tema, afirman que tanto el pasado gobierno del PSOE como el actual del Partido Popular se han posicionado siempre a favor de las entidades bancarias “en tres ocasiones primero con el anterior gobierno del PSOE, luego con el PP, ha sido rechazada a trámite la campaña de la ILP (iniciativa legislativa popular). Una vez se consiguió – debido a la presión social- que se admitiera logrando recaudar casi 1'5 millones de firmas, que finalmente como hemos visto y comprobado han sido pisoteadas por el actual gobierno”. En este sentido, para esta plataforma la actuación de los bancos es “criminal” en la que solo se atiende a los propios intereses, “es verdad que algunas entidades son más sangrientas que otras a la hora de buscar una negociación que pueda ser rentable o favorable para las familias que están en riesgo de perder su primera vivienda, pero aún en los casos donde se ha conseguido, ha ocurrido únicamente debido a la presión social desencadenada por los movimientos que luchamos por la defensa de la vivienda como un bien universal”.

Para la Plataforma otro problema añadido es que muchas personas han silenciado su dramática situación especialmente por vergüenza, y han ido perdiendo sus viviendas poco a poco sin acudir a solicitar ningún tipo de ayuda o asesoramiento.

En cuanto a la dación en pago, sí se han podido negociar algunas desde la plataforma, otras a través de la Oficina en Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía – principalmente en viviendas de VPO-, y otras de las que se desconoce el número por haber sido negociadas directamente entre la entidad bancaria y los afectados. “En estos casos generalmente se ha producido sobre préstamos donde el afectado ya ha pagado durante mucho tiempo gran parte del mismo, y el valor de la vivienda supera con creces el valor de la deuda pendiente”, afirma Del Águila.

Como vemos, son muchos los problemas e interrogantes que presenta este gran problema que afecta a miles de familias, tanto en nuestra provincia como en el resto de España, problema con más luces y sombras, entre estas últimas está el gran drama que representa el perder nuestra vivienda, el quedarnos en la calle después de pasar años pagando el que pensábamos iba a ser nuestro hogar para toda la vida. Nos han dicho que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero lo cierto es que todos los préstamos fueron en su momento concedidos. Ahora mismo, hay muchas familias en Almería que se encuentran en una situación extrema, con un pie fuera de su casa, con todas las ilusiones perdidas, que han hecho todo lo posible para no perder sus viviendas.