Con el cabecero 'Actualidades', expone el diario almeriense sobre un sello de yugo y flechas: “Hay fuego en el corazón y luz en el cerebro, dice que va a proceder a la renovación de la justicia municipal para construir desde la base la administración de los tribunales”. La página imprime la fecha en el blanco y negro de 1939, en siete columnas y un caos de módulos y tipografías. Cuarenta años después, otra publicación recoge las palabras del entonces ministro de Justicia, Fernando Ledesma: “La voluntad del gobierno es proceder a la modernización de la estructura española del siglo XX (...) objetivos ineludibles e inaplazables”. Unas palabras tan cercanas a las pronunciadas por el Consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, en su estreno de competencias en Almería en abril de 2010, que sólo hubiera bastado el cambio de siglo en su enunciado para hacerlo suyo. La modernización de la Justicia se ha convertido en un fenómeno intemporal, trasciende al momento histórico y vive en  un constante anhelo de triunfo que no llega. Las hemerotecas de los periódicos recogen décadas de promesas sobre una transformación de los tribunales necesaria, urgente, acorde a los tiempos. Sin embargo, todos los actores coinciden en que el actual sistema judicial continúa anclado en la organización del siglo XIX y los pasos son tan lentos como insuficientes. Y entonces llegó una niña onubense. Con sólo cinco años fue asesinada presuntamente por un vecino condenado por pederastia, pero en libertad por un error judicial. El llamado ‘Caso Mariluz’ recorrió como una escalofrío el espinazo de la Justicia. Nadie quedó inmune a la mirada del drama familiar y casi todos aprovecharon para poner al foco de la luz pública los muchos problemas que arrastran los tribunales. Los jueces, señalados por el dedo acusador de quien no entiende por qué no se cumplen las condenas, enarbolaron la bandera de la protesta.

 

Así, el 18 de febrero de 2009, una treintena de jueces se manifestó a las puertas del Palacio de Justicia de Almería. Faltaban algunas togas ilustres de la judicatura, pero acudieron las suficientes como para apuntalar la fuerza de la manifestación. La convocatoria de huelga suponía un hito histórico. Por primera vez, un poder del Estado se paraba. Tan impactante como si el gobierno decidiera no gobernar. Los jueces se sentían amenazados y querían dejar claro que la solución no pasaba por ellos. “Ya hemos avisado”. El mensaje estaba lanzado. Sin embargo, ¿qué ha cambiado en los juzgados almerienses en los dos últimos años? ¿Qué influencia tuvo la huelga de 2009, luego parcialmente repetida en octubre, en las iniciativas introducidas en el sector? La respuesta puede reconstruirse en las informaciones publicadas por los medios de comunicación de la provincia en este plazo que, sin duda, plasman un escepticismo generalizado. A saber: las mejoras son escasas y el impacto de la huelga más estético que sustancial. El manifiesto del paro recogía como claves la “baja tasa de jueces por habitante”, “la lentitud” en la creación de nuevos juzgados y la falta de inversión presupuestaria materializada en la carencia de recursos. Pues bien, la Administración no atendió realmente ninguna de las demandas.

 

La Junta de Andalucía, que tiene las transferencias desde 1997, ha eliminado la Consejería de Justicia y la ha integrado en la estructura del área de Gobernación. En los últimos dos años han visitado Almería tres  consejeros del ramo distintos y sólo uno está formado profesionalmente en la Administración de  Justicia. En cuanto a la creación de órganos judiciales nuevos, únicamente uno entró en vigor en 2010. La Junta ya ha anunciado un giro en sus estrategias, ha retrasado seis meses algunos programados para el pasado mes de diciembre y orientará sus esfuerzos a mejorar la organización del trabajo en lugar de crear nuevos juzgados. En lo que respecta a la dotación de infraestructuras, la Ciudad de la Justicia de la capital debe dar un salto cualitativo en el sector, pero su construcción, salpicada de retrasos y plazos incumplidos, nada tiene que ver con la huelga de jueces ni la explosión de críticas al sistema judicial con el 'Caso Mariluz'. Estaba comprometido desde hace una década y comenzó a levantarse en 2005. Esto no desvirtúa su valor, pero enmarca con mayor exactitud sus motivaciones.. Por su parte, los jueces, secretarios y demás funcionarios judiciales también comparten responsabilidades. La implantación de la nueva oficina Judicial, donde Almería debe ser pionera, suscita algo más que dudas entre la judicatura; mientras los funcionarios no aceptan la novedosa organización en grandes departamentos y paralizan, a través de los sindicatos, su puesta en marcha en una compleja negociación en Sevilla. Además, muchos jueces se resisten a perder el control que actualmente ejercen sobre los funcionarios a su cargo, convertidos en pequeños equipos de trabajo al servicio de las necesidades del titular, y sólo los secretarios se frotan las manos por las nuevas competencias que se les asignan.

 

Por tanto, la situación es hoy prácticamente similar a la de 2009. Ciertamente se han puesto en marcha proyectos e iniciativas interesantes, pero todavía no ha nacido la gran apuesta por la Justicia de la que tanto se habla en las comisiones parlamentarias andaluzas. Una fuerte inversión es tan necesaria como una planificación responsable. El problema es real y está ya aquí. Lorenzo del Río, en una de sus primeras entrevistas como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, puso el dedo en la yaga: “Casos como el de Mariluz podrían repetirse”. Un paseo por los juzgados basta para acreditarlo. Quizás tenga razón el cronista y haga falta “fuego en el corazón”. Aunque “luz en el cerebro” debería ser suficiente.