En el último lustro la Ciudad de la Justicia de Almería se ha convertido en ese compañero habitual de los periodistas. Casi de forma cíclica reaparecía en nuestros telediarios, boletines radiofónicos o páginas de periódicos. Se mantenía con nosotros unos días y volvía a desaparecer cual Guadiana, eso sí, con clara voluntad de volver. Era uno de esos temas que quien había seguido un poco la información podía hacer la noticia de carrerilla, incluía la novedad o polémica del momento y el resto era coser y cantar. De hecho, se solía rematar la información con una frase bastante altisonante del tipo, “será la mayor sede administrativa de la provincia y acabará con la actual dispersión de los órganos judiciales en la capital”.
Sin duda, desde sus inicios ha sido un proyecto envuelto en la polémica. Desde que se vislumbró este proyecto, hace ya demasiado tiempo, hasta ahora, a punto de abrir sus puertas (al cierre de esta publicación todavía no se había producido su apertura oficial), se ha puesto en duda hasta el horario de los obreros. Su ubicación, los órganos judiciales que iba a albergar, su tamaño o los retrasos que acumulaban lo trabajos, todo valía.
El resultado ya lo pueden contemplar en la Carretera de Ronda 120 esquina Padre Méndez, un señor edificio con una superficie construida de 30.000 metros cuadrados, siete plantas de altura y un sótano. Una fachada elegante y funcional en la que destaca el muro cortina de vidrio, la celosía de lamas móviles de aluminio, así como sus revestimientos, donde encontramos dos tipos de mármoles, verde y blanco, ambos de Macael. Todo, por un presupuesto nada desdeñable de casi 43 millones de euros.
En este inmueble se ubicarán todos los órganos judiciales unipersonales de Almería, o lo que es lo mismo, los juzgados de lo Contencioso Administrativo, Vigilancia Penitenciaria, de lo Social, de Primera Instancia, de Instrucción, Penales, Violencia sobre la Mujer, Mercantil, Juzgado de Menores y Juzgado de Guardia.
Asimismo, será sede del Instituto de Medicina Legal, del Registro Civil, el Servicio de Atención a Víctimas, en Punto de Encuentro Familiar, el Decanato o el Servicio Común de Notificaciones y Embargos.
Aunque no se lo crean todo lo anterior se localizará en esta Ciudad de la Justicia, pero eso sí, no tendrá espacio para la Audiencia Provincial y la Fiscalía que continuarán en la calle Regente. De esta manera y tirando de la coletilla antes mencionada sobre esta infraestructura judicial, acabará, pero a medias, con la dispersión de juzgados en la capital. O explicado de un modo más popular, cuando tengamos cualquier asunto judicial que atender tendremos que seguir preguntando a nuestro abogado cuándo, por supuesto, pero también, dónde.
Al margen de este problema nos encontramos otro bastante peor, la falta de previsión. No ha abierto sus puertas esta Ciudad de la Justicia y parece que ya se ha quedado pequeña. No lo decimos nosotros, lo dicen administrativos, jueces o abogados. Al mismo tiempo, han expresado sus quejas distintos sindicatos así como partidos políticos.
La cuestión es muy sencilla, el sistema judicial en la provincia está saturado, los casos se acumulan en montones infinitos en las mesas de los despachos, no hay personal suficiente y hacen falta nuevos juzgados. Una situación que obviamente empeorará con el paso del tiempo. Lo que también está claro es que ante la evidente falta de espacio en esta sede judicial no habrá posibilidad alguna de ampliaciones o nuevas construcciones, cuanto menos en esta localización.
En otro orden de cosas, hablar de esta infraestructura es hablar de retrasos. Y es que ha sido un proyecto que no ha parado de acumular fechas de apertura que siempre acabaron siendo ficción. Y claro, como a muchos representantes políticos les encanta el verbo anunciar pues la gran mayoría ha acabado dándose un soberano baño en la piscina de la cruel realidad. De hecho, y no exagero, sería arduo y complicado citar cada previsión fallida.
Los hechos son claros, las obras comenzaron en noviembre de 2005, tenían un presupuesto de 30 millones de euros y un plazo de ejecución de 44 meses. De esta manera, los obreros tendrían que haber acabo su trabajo en julio o agosto de 2009. En resumen, más de un año perdido en unas infraestructuras altamente necesitadas y con un aumento de hasta casi 13 millones de euros del montante total de los trabajos.
La verdad es que nos hemos acostumbrado tanto a ver edificios interminables, centros que no llegan a culminarse o construcciones que nunca empiezan, que hemos perdido la capacidad de sorprendernos e indignarnos. Así, ni nos inmutamos a pesar de suponer millones de euros que proceden de nuestros impuestos y miramos para otro lado.
Otro dato, la Junta de Andalucía se ahorrará 2,2 millones de euros por año con la apertura de puertas de la Ciudad de la Justicia ya que inmediatamente se rescindirán hasta cinco contratos de arrendamiento. En definitiva, si quieren, cojan la calculadora y sumen lo que se ha perdido con casi dos años de retrasos.
Una tardanza que se explica por la falta de liquidez presupuestaria en el primer tramo de estos trabajos. Existía proyecto, estaba contratada la empresa adjudicataria pero no entraba el dinero necesario. Como suele ocurrir en los edificios públicos, después pasado un tiempo, sí llegaron las partidas presupuestarias deseadas, así, empezaron las prisas, las horas extras, e incluso, los trabajos de madrugada que no dejaban dormir a los vecinos.
No quiero parecer adivino, pero seguro que la Ciudad, la Villa o la Aldea de la Justicia, cómo a ustedes les guste, seguirá siendo, me temo, un tema recurrente para periodistas e interesados en los años venideros.