La Empresa Mixta de Servicios Municipales Elsur, en la que el Consistorio ejidense tiene el 30% del capital social, siguió estando en boca de todos al estar en el ojo del huracán a lo largo de todo el año 2010. Subrogación de trabajadores, despidos, encierros del Comité de Empresa en la Casa Consitorial o la Delegación de Empleo, expedientes de regulación de empleo, incumplimiento de contrato con el Consistorio se fueron sumado a lo que poco a poco se fue desvelando de la mercantil desde la que supuestamente se fue tejiendo gran parte de la presunta corrupción y desde la que apuntan que se esquilmaron las arcas municipales del Ayuntamiento ejidense.

Su Consejo de Administración, presidido por el alcalde de la localidad, Juan Enciso, terminó imputado en la Operación Poniente y el estar bajo investigación judicial no fue suficiente para el equipo de gobierno del Partido de Almería para apartarla del dinero público. Lejos de ello, de tomar medidas como la rescisión del contrato o el rescate, el PAL consintió continuar manteniéndola como encargada de la prestación de los servicios públicos y adjudicándole obras de los fondos llegados desde el Gobierno Central y la Junta de Andalucía. Hasta seis millones de euros se embolsó la empresa de los ‘anticrisis’ y, sin embargo, los problemas se le venían encima, principalmente a sus trabajadores que vinieron arrastrando más que dificultades para cobrar mes tras mes, lo que les llevó a salir a la calle en numerosas ocasiones e incluso a acampar en el ‘Camping El Chato’ en la Plaza Mayor durante tres semanas en el primer trimestre del año, soportando las adversas condiciones meteorológicas. Algunos de los trabajadores, que realizaban su labor a través de las subcontratas Arborimar y Maviroad, no consiguieron ni lo han conseguido aún, percibir las nóminas de febrero, marzo y abril, por lo que han tenido que acudir al juzgado. Mientras tanto, los servicios municipales comenzaron a verse mermados de forma considerable. Eso, a pesar de que los ciudadanos pagaban religiosamente sus recibos. Pagar y no recibir fue la tónica del 2010.

El canon se cifró en 15 millones de euros en 2010 frente a los 33 en los que estaba estipulado dos años antes. No obstante, el término municipal de El Ejido había crecido de forma considerable y con él, por supuesto que las zonas verdes y viales a mantener, algo que chocó por incompatibilidad y que hacía pensar que antes se había estado ‘jugando y trapicheando’ con el dinero de los ciudadanos, llevándose algunos una cantidad importante de beneficios. Al final de esta primera década del año 2000 y conociendo pinceladas de lo que se investigaba, la cuestión se planteaba en saber cómo era posible esa importante reducción, quedando más tarde aclarada en las escuchas desprendidas del sumario de la Operación Poniente, que hizo que el municipio saltase a primer plana, una vez más, a nivel nacional.

Comisiones se entremezclaban así con los grandes beneficios que se obtenían a través de la “metástasis empresarial” que el inspector de Trabajo y Seguridad Social Manuel Gámez Orea reflejó en su informe, donde se daban una serie de empresas de “usar y tirar” que se llevaban “en tono al 80%” en beneficios, todas ellas operando para Elsur, sin estructura empresarial alguna al estar supeditada a Elsur y dirigidas por personas que terminaron arrestadas y entre rejas, hasta que se les permitió el pago de escandalosas fianzas de hasta 600.000 euros, cantidades que conseguían reunir en pocas horas mientras sus empleados reclamaban el pago de sus nóminas y temían por la conservación de su puesto de trabajo ante la continua amenaza de despido por dicha reducción de canon.

El grifo parecía que se había cortado después de la intervención a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y ahora sobraban trabajadores, aún cuando seguían resonando las palabras del primer edil en las que exponía que no se podía prescindir de personal porque si no, qué zona verde quedaría sin regar. Los mismos operarios comenzaron a desvelar algunos de los ‘tejemanejes’ que presuntamente se habían cometido y que el pueblo decía conocer pero prefería mirar hacia otro lado, como poner que se habían podado no sé sabe ni cuántos metros lineales de seto cuando no era cierto, emplear una mañana para dejar a punto muy pocos árboles y sumar así horas por órdenes de arriba o la realización de trabajos en domicilios particulares de algunos concejales ejidenses. Elsur estaba en el punto de mira y el material para realizar las tareas encomendadas comenzaba a escasear hasta el punto de que los socavones de las calles tuvieron que ‘repararse’ con zahorra porque ningún proveedor le servía, igual que ocurría con las bolsas de los jardineros o los folios que necesitaban en las oficinas de las subcontratas a las que en el mes de mayo les darían puerta subrogando a todos los trabajadores tras declarar el Juzgado cesión ilegal de trabajadores. En este sentido, con esta operación, cabe destacar que Elsur saldría beneficiado por ahorrarse esos voluminosos beneficios que José Amate y Juan Antonio Galán se llevaban, quizás junto a otros ‘intermediarios’, aunque la mercantil se escudó para despedir a algunos de ellos en que se había hecho cargo de muchos trabajadores que, sin embargo, hasta entonces le habían prestado servicio de forma más cara sin problema alguno. Nadie entendía nada.

Ante todo ello, el Partido de Almería intentó culpar de todos los males de El Ejido a la empresa Elsur, en lo que a socios privados se refiere, obviando que el Ayuntamiento tenía voz y voto en la propia mercantil en la que Juan Enciso tenía la última palabra como presidente del Consejo de Administración, desbancando así al gerente, Mario Pulido, de la toma de cualquier decisión. Terminó el año y con él, el ‘culebrón’ cobró más fuerza, siempre a espera del levantamiento del sumario con el que quedará claro qué papel ha tenido Elsur y los imputados en la Operación Poniente.