La Portada está fundamentada en dos elementos principales. Por un lado, un fondo de color negro reforzando la idea de ´Año Negro de la Prensa de Almería´, en cuyo conjunto se pueden leer algunas de las muchas circunstancias que ha tenido que sufrir el colectivo en el 2008. Por otro lado, la imagen procura representar la presión que sufren los informadores por parte de diversos sectores, y la precariedad laboral de muchos de los periodistas. 

En la fotografía, se representa a un profesional almeriense intentando realizar su trabajo, con los bolsillos sacados simbolizando ruina y las carencias que sufre en su puesto de trabajo. También hay dos hombres de corbata que simbolizan los grupos de presión. Éstos tienen los bolsillos llenos de dinero y, por ello, tiran de los brazos del periodista para manipular a su antojo la información que ha de salir publicada en el medio que ampara al periodista. 

* Joaquín Navarro, autor de la portada del `Anuario Crítico de Almería 2009´, trabajó como diseñador y maquetador en el desaparecido `Diario de Almería´, uno de los medios almerienses (junto con `El Director Económico´y `El Mundo Almería´) que cerró durante 2008. Situación que queda reflejada en la página principal de esta publicación.



Índice de esta sección

El annus horribilis del Hospital de Poniente


  

Almudena Fernández Villegas


Almería también tiene banlieues


  

Antonia Sánchez Villanueva


Receta contra las agresiones médicas


  

Sonia Arráez Fernández


Vícitmas por partida doble


  

María José Uroz


La vuelta a casa tras 10 años de exilio


  

María del Mar Carrillo


De las miserias compartidas


  

Javier Pajarón


Juanma necesita ayuda


  

Noelia Mengíbar


Torrecárdenas: 25 años de cara y cruz


  

María Medina


Jugar a los médicos


  

Francisco Molina


Estrategia a la deriva


  

Noelia Lázaro




Artículos de este autor

De las miserias compartidas


2009 | Sociedad



Una historia del crimen de Fiñana


2013 | Sociedad



De las miserias compartidas


Preguntado por el grado de consciencia de las jóvenes rusas explotadas sexualmente en locales de alterne de la provincia de Almería, el cónsul general de Rusia en España, Dmitri Kasimirov, articula enojado una completa teoría sobre el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda, aplicada al mercado de los deseos carnales. Acaba de participar en un encuentro con compatriotas afincados en Roquetas, ante un público mayoritariamente femenino, y protege las apariencias sin traicionar la esencia de sus creencias. “Si olvidamos por un momento el lado humano…”. Pero, ¿es posible abordar una aproximación cabal a la explotación sexual si olvidamos el lado humano? No conviene apartar la vista del discurso del camarada Kasimirov, porque sí, hay otras aristas.

En agosto de 2008, la Policía Nacional concluyó en Almería la mayor intervención realizada jamás en España contra la trata de blancas, la Operación Zarpa.  Sus datos son abrumadores, con 99 personas arrestadas por proxenetismo, 26 locales de alterne inspeccionados, 138 registros domiciliarios y 360.000 euros en efectivo decomisados. Sin embargo, de las 600 mujeres (la práctica rusas) identificadas como víctimas de la red criminal internacional, apenas una veintena denunció encontrarse en una situación de esclavitud, a pesar de las muchas garantías que ofrece la ley para la protección de testigos o, por ejemplo, la posibilidad de adquirir la residencia legal en España al colaborar con la Justicia.

Un informe de Europol sobre el tráfico de seres humanos publicado hace un año aporta nuevos elementos en la definición de la explotación sexual, factores que cristalizan en la Operación Zarpa con enorme nitidez. “Mujeres con una alta educación, incluyendo formación universitaria y dos o tres idiomas, con un empleo y relaciones estables son ahora consideradas personas de riesgo”. Resulta complicado asimilar que mujeres con estos rasgos, cuyos motivaciones no se cuestionan en este artículo, ignoren completamente los lugares a los que llegan, más aún cuando vuelan hasta Almería con visados turísticos manipulados de países terceros del ‘espacio Schengen’ como Grecia, Finlandia o Italia, territorios que nunca llegaron a pisar; con el acuerdo único de figurar a modo de floreros en los clubes, que siguen siendo de alterne aunque se traduzcan al ruso. 

La Operación Zarpa dejó también otras enseñanzas sustanciales sobre los modelos actuales del tráfico de mujeres, cosa moderna sostenida en la tradicional, no por ello caduca, bajeza del comprador. ¿Qué clientes tenían los locales registrados por la Policía Nacional? Un dossier que circula por los despachos de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo sobre una presunta red de esclavitud sexual desarticulada en el Levante menciona con nombres y apellidos afamadas visitas al establecimiento. Uno de los locales desmantelados por el ‘zarpazo’ de la Policía Nacional, en la segunda fase, contaba con un aparcamiento cubierto anexo, garantía la discreción. Departir allí con una botella de champán en la mano costaba nunca menos de cien euros.

En la diligente instrucción policial aparecen detallados los numerosos atropellos sufridos por las jóvenes rusas, donde eran sometidas con frecuencia a multas y estrictas normas sobre los horarios de salida y entrada con los clientes. Sin embargo, ni uno sólo de estos ‘compradores’ ha comparecido como testigo en los diferentes procesos judiciales abiertos tras la Operación Zarpa.  No se trata de hacer escarnio, sino justicia. Que un testigo presencial de unos hechos delictivos no declare ante la autoridad, policial o judicial, supondría en cualquier otra esfera penal una aberración. Faltan elementos para argumentar lo contrario en los delitos relativos a la prostitución.

Probablemente, resulta difícil describir el monstruo de la explotación sexual sin incidir en el lado humano, como propone el cónsul. Más fácil es, sin duda, elaborar tesis sobre esta lacra sin admitir responsabilidades propias. Porque en esto, más que nunca, las miserias deberían ser compartidas.

Mujeres, clientes y, por supuesto, las redes criminales completan la ecuación e introducen el otro gran elemento definitorio de las crónica de sucesos en la provincia. Las cifras poco engañan. Almería es una de las vías de entrada de droga más fluidas de la UE. Eso a pesar de los muchos y buenos recursos destinados por la Administración a cerrar, por así decirlo, la llave de paso –en 2008 se ha registrado una caída a la mitad del número de kilos de hachís intervenidos; las rutas se desvían progresivamente para eludir, esencialmente a la Guardia Civil-. Según los últimos datos del Observatorio de la ONU para el tráfico de drogas, en la ruta almeriense se incautaron en los últimos cinco años uno de cada seis kilos de hachís aprehendido en Europa, elemento suficiente  para colocar a la provincia en el mapa internacional por algo más que la exportación agrícola.

Sería un error achacar esta circunstancia exclusivamente al trasiego de las redes internacionales –ajenas- por un pasillo imaginario desde Adra hasta Pulpí. De hecho, dos de cada tres detenidos por su implicación en alijos de hachís en la provincia son españoles. Los capos suelen ser españoles. Y sólo en la producción de la resina y en la entrega final del producto –Bélgica, Gran Bretaña y Francia- existe control total de “no nacionales”.

La incidencia doméstica del tráfico de hachís es tan notoria que provocó en 2008 una cadena de ajustes de cuentas que Almería parecía haber desterrado a otras épocas. La historia comienza con un grave tiroteo tras un desembarco clandestino en Retamar en 2002 y tiene su punto y aparte en el asesinato de un vecino de Huércal, cuyo cadáver quemaron el 18 de julio del año pasado en un coche en la A92. En el trayecto, un tiroteo en el Quemadero, un alijo de hachís robado y una bomba lapa casera adosada a los bajos de turismo en la barriada de El Zapillo. Una decena de detenidos, la mayoría en cortijos de la Comarca de Níjar, todos ellos españoles, desmonta tópicos y destapa realidades.

Sería conveniente interrogarse sobre si la droga intervenida en Almería se consumiría en algunos de los locales de alterne desmantelados en una operación distinta, si los réditos clandestinos de narcotráfico y trata de blancas se lavan en los mismos paraísos fiscales y qué consecuencias tienen ambas redes criminales en el almeriense de a pie. Un apunte: los casquillos de un ajuste de cuentas entre miembros de dos bandas cayeron el año pasado sobre la arena de la playa de Aguadulce, junto al Paseo Marítimo. 


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Este artículo fue publicado originalmente en el Anuario Crítico de Almería 2009, en la sección Sociedad


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