El tiempo es relativo. Ahorrar el suficiente dinero para tener una jubilación soñada puede costar toda una vida de trabajo y, sin embargo, para que ese anhelo quede destruido basta con unas pocas horas. Durante ese tiempo, el golpeo pertinaz de una máquina escavadora acabó por tirar al suelo los ladrillos que formaban la vivienda de los Prior, un matrimonio británico que había escogido Vera como el lugar donde instalarse y en el que pasar una buena parte de los últimos años de su vida. Ironías de la vida, llamaron a su particular isla de reposo Villa Tranquilidad.

Era el nueve de enero de 2008 cuando se producía el cumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba el derribo de una casa considerada como ilegal porque su construcción no cumplía con todos los requisitos de la Ley Andaluza del Suelo. 

Había sido el Gobierno regional el que inició el procedimiento judicial por considerar que el Ayuntamiento de Vera no debería haber concedido la correspondiente licencia de obra. Pero esas decisiones se toman en los ámbitos de poder, porque los representantes de la Junta de Andalucía que debían dar fe del derribo de la vivienda no pudieron obviar el sufrimiento de Helen y Len y accedieron a sus ruegos, concediéndoles el retraso del derribo para que les diera tiempo a sacar todas sus pertenencias. No obstante, al final del día tan sólo permanecía en pie el garaje, ya que su construcción había sido autorizada después de la vivienda principal.

Los días y semanas posteriores las televisiones, radios y periódicos británicos se hicieron eco de la noticia, con lo que muchos de los ciudadanos de las islas y de otros países europeos que veían el ir y venir de amigos y familiares de los Prior con puertas, muebles y ropa entre sus brazos; decidieron que Almería ya no era la provincia donde se encuentra el paraíso, el lugar donde el sol, el mar y la tranquilidad invitan a dejarse llevar por la vida.

Mientras la excavadora hacía cada vez más pequeña la casa del matrimonio británico, la desconfianza en la legislación urbanística española y andaluza se hacía más grande entre los potenciales clientes de las inmobiliarias y promotoras que se han beneficiado en los últimos años de la atracción que sienten los anglosajones por la vida en España.

Empiezan las protestas

Después de la desolación llegó la rabia y la determinación, y cientos de extranjeros residentes, sobre todo, en las comarcas del Almanzora y el Levante almeriense; decidieron que debían pedir explicaciones a todas las administraciones públicas y que éstas debían comprometerse a que la vivienda de La Loma de Vera sea la única en ser destruida. Entonces llegaron las protestas, concentraciones y manifestaciones (la última el pasado 9 de enero, para ‘conmemorar’ el primer aniversario del derribo) en las que repetían la misma consigna: que son víctimas de promotores que se aprovechan de su desconocimiento de la legislación vigente, y de políticos que, o bien están en convivencia con los primeros o bien anteponen el beneficio que pueda tener para su pueblo la llegada de habitantes extranjeros al respeto a las normas establecidas.

Aprovechando la crisis

¿Y qué ha hecho el poder legislativo? : aprovechar la crisis (cuando ver construir una casa es casi un espejismo) para ordenar el parque de viviendas, tanto las que ya están construidas desde hace décadas como las de reciente promoción. Prueba de ello es que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, creó tras las últimas elecciones autonómicas la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y ha puesto en marcha diferentes planes y programas con el objetivo de que todas las casas levantadas sobre suelo andaluz estén controladas y cumplan con la ley.

Así, en una primera fase, una decena de ayuntamientos almerienses están llevando a cabo el inventario de las viviendas construidas fuera de ordenación, es decir, aquellas que se levantaron cuando apenas existía legislación urbanística que determinara las condiciones necesarias para su construcción. De esta manera, dejarán de ser ‘alegales’ miles de casas y cortijos, con excepción de aquellos que se encuentren en lugares que supongan un riesgo para sus moradores (junto a ríos o ramblas) o en espacios considerados de especial protección. Para estas últimas no habrá más destino que la excavadora, aunque, según el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, “sólo se derribarán las estrictamente necesarias y será un número insignificante”.

Por otra parte, los equipos de Gobierno locales, ante la menor presión del sector inmobiliario, están llevando a cabo la ordenación urbanística de su territorio a través de diversas fórmulas establecidas por la Junta de Andalucía, con lo que el futuro de los municipios debe estar marcado por el respeto a la legalidad y un desarrollo sostenible.

Un futuro que ahora mismo no es posible para Helen y Len Prior, los cuales demandan una indemnización económica que les permita volver a construir una casa en lo que era Villa Tranquilidad; o bien, llevados por el desengaño, volver a su tierra natal.

 Su casa ha sido la única que se ha derribado en la provincia de Almería por ser considerada ilegal y, por el momento, es un caso que tanto ayuntamientos como Junta de Andalucía no quieren que se vuelva a dar.