El viento de la crisis ha barrido en la provincia –o al menos paralizado- la mayoría de las inversiones urbanísticas previstas a rebufo de los años de bonanza económica. Si por algo se ha caracterizado 2008, ha sido por la catalepsia del ladrillo que ha provocado una tasa de paro en el sector superior al 30% y que ha ocasionado un notable agujero en las arcas de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia obsesivamente dependientes de los ingresos de la construcción.

Una de las fuentes de ingresos municipales más recurrentes y controvertidas han sido los convenios urbanísticos firmados por cientos en toda la provincia. Un buen número de consistorios han ingresado a cuenta cantidades millonarias en concepto de convenio a cambio de hipotéticas recalificaciones de suelo que en numerosos casos no se han producido porque la decisión última ha estado en manos siempre de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. También se han firmado convenios a cambio de obras sociales o deportivas muchas de las cuales se han quedado en el camino. La solución es compleja ahora para estos ayuntamientos que se han gastado el cash procedente de las promotoras y no pueden devolverlo por falta de recursos. En algunos municipios, el asunto ha llegado ya a los tribunales. La nueva normativa urbanística estatal ha regulado la formulación de los controvertidos convenios para evitar el riesgo de seguir poniendo en almoneda la potestad pública del planeamiento produciendo en ocasiones prácticas espurias de obtención anticipada de recursos dando lugar a operaciones especulativa público-privadas.

El problema, sin embargo, no es exclusivo de una negligente administración municipal, sino que también tiene mucho que ver con la falta de un modelo de financiación diáfano para la administración local, que ha asumido, al mismo tiempo, un mayor número de servicios para el ciudadano muy oneroso de mantener, incluido el incremento poblacional derivado de la inmigración. Mientras que los ingresos por la actividad inmobiliaria han ido bien: paz y gloria. El problema ha llegado con el frenazo económico. 

En años brillantes para la construcción en Almería –2003 a 2006- siete de cada diez euros que entraban en los ayuntamientos procedía del dorado ladrillo, según un informe de Morgan Stanley: demasiados huevos en el mismo canasto, demasiada dependencia de la recaudación urbanística como se ha terminado demostrando, conviviendo incluso con la pérdida del Impuesto de Actividades Económicas. En municipios como El Ejido, Roquetas, Mojácar o Vera este porcentaje ha sido incluso mayor. 

Según las cifras provinciales del Banco de España, 102 ayuntamientos almerienses suman una deuda agregada de 533 millones de euros. En tal difícil coyuntura se hallan, que algunos analistas consideran que si los consistorios fuesen sociedades anónimas habrían entrado muchos de ellos en bancarrota. Este agujero negro de facturas pendientes de los municipios está, a su vez, ahogando a las pequeñas empresas acreedoras que no cobran y no saben cuándo podrán hacerlo. El plazo medio de cobro en las ventanillas consistoriales ha pasado de los dos o tres meses hasta plazos faraónicos de ocho a catorce meses. Este negro escenario ha provocado que aumente el número de empresarios que recurren al contencioso contra los ayuntamientos para cobras deudas por obras, servicios o material.

A la crisis de la promoción inmobiliaria, sobre todo en segunda residencia, que ha provocado el recorte de ingresos municipales, se ha unido el retraso de los planes urbanísticos que ha ralentizado también el desarrollo alcanzado por el sector en años precedente. Esto, según algunos ediles, ha provocado recortes de ingresos en materia de licencias, tasas y convenios de hasta el 50%. El Almanzora y el Levante han sido las comarcas que más han notado el frenazo. A la fecha, sólo 16 municipios tienen aprobado o adaptado a la Ley del Suelo (LOUA) su Plan General de Ordenación urbana (PGOU). En concreto tienen ya aprobado su planeamiento Huércal-Overa, El Ejido, Serón. Lubrín y Cuevas del Almanzora; y han realizado su adaptación parcial a la Ley andaluza: Carboneras, Tíjola, Antas, Níjar, Dalías, Benahadux, Cantoria, Albox, Vícar, Arboleas y Vera y están a punto de hacerlo Rioja y Canjáyar así como Roquetas de Mar. La idea que baraja la delegación provincial es que antes de 2010 se aprueben unos 60 planes generales en la provincia. El Plan de la capital aún se encuentra en fase de aprobación inicial.

Una de las claves de estos nuevos planes municipales son precisamente las de validar o no los convenios urbanísticos y los compromisos adquiridos que pueden poner en un brete a alcaldes y concejales. En la capital destaca el macro convenio urbanístico firmado por el consistorio y la empresa Predios del Sureste de Miguel Rifá, que pivota sobre varias patas como el cuartel de la Policía Local, el hotel de la Compañía de María y los locales de la Plaza del Mar. También está en el aire el convenio con El Corte Inglés y La Salle; en El Ejido hay convenios pendientes como el de la urbanización y edificación de la Bahía de San Miguel y la urbanización de las fincas rústicas de Los Llanos de Bernal; en Roquetas se ha validado, en parte, el convenio para la financiación del hospital y la canalización de la Rambla del Cañuelo, pero se ha rechazado, en parte, el proyecto de las torres; en Huércal-Overa destaca el convenio de La Ballabona para un campo de golf y viviendas; Mojácar es uno de los municipios que más convenios urbanísticos ha firmado en legislaturas pasadas, que pueden quedar en el aire, como el suscrito con las familias Pérez Ugena y Unzurrunzaga; en Garrucha está a punto de concretarse el convenio para hacer realidad el futuro Centro Comercial de Las Buganvillas; en Vera, Key Mare y otras tantas promotoras tienen pendiente el desarrollo del Salar de los Canos y una buena parte del litoral veratenses mediante Sistemas Generales; en Cuevas se han firmado convenios con promotoras varias en la zona de Palomares y Pozo del Esparto; En Pulpí están desarrollándose proyectos mediante convenio en el complejo Mundo Aguilón, junto al Pilar de Jaravía; la murciana López Rejas ha firmado contratos con Bédar y Los Gallardos para la promoción de un residencial, a igual que Sorbas Cayons, en Sorbas; en Lubrin, el Ayuntamiento tiene firmado un acuerdo con Masitur y Capellanía para construir 2.000 viviendas; y en Vélez Rubio,  Valle del Mahimón tiene un compromiso adquirido con el ayuntamiento para un resort.

Es sólo una muestra de acuerdos más o menos tácitos entre administraciones locales y empresas privadas, la mayoría de los cuales siguen en el aire porque tienen aún que pasar por el tamiz de la Ley andaluza. No obstante, la propia crisis, el propio mercado, ha sido quien ha frenado la fiebre promotora que asaeteaba la provincia hasta antesdeayer llevándose consigo inversiones desde Terreros a Adra, desde Los Vélez a Níjar, como si de un huracán se tratara.