Entre la venta de artículos de segunda mano y los pisos de ocasión, las mujeres tienen un lugar destacado en los periódicos. Los anuncios de contacto, con un lenguaje explícito acompañado de fotografías, a veces, que quitan el sentido a los lectores a los que pretenden atraer aparecen día tras día en los principales medios de comunicación escritos del país y, por supuesto, en los locales. No se tiene en cuenta, lamentan los colectivos a favor de su eliminación, que el mensaje llegue a menores de edad o que se esté dañando la imagen de las féminas. 

Pocos son los periódicos que han secundado la petición realizada el año pasado por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en un informe, aprobado por el Congreso, en el que se instaba a retirar esta clase de contenidos usando la autorregulación y los códigos deontológicos. Casi ninguno ha hecho caso tampoco a la llamada de la Asamblea de Mujeres Periodistas en una campaña por la supresión de estos anuncios en la que remarca que España “es el único país europeo donde la prensa seria los sigue publicando” debido a “los grandes beneficios publicitarios” que generan. Las periodistas insisten en que no quieren ser parte del ‘negocio’ de la prostitución tras el que se esconde la explotación de miles de mujeres y el pisotón a sus derechos fundamentales. 

Sólo un periódico de tirada nacional renunció después del ‘tirón de orejas’ de las Cortes a los jugosos ingresos que esta práctica le aportaba: El gratuito ‘20 Minutos’. Otro, ‘El Público’ –este de pago-, decidía salir a la calle directamente sin este tipo de clasificados.  

“Es una decisión de tomar fácil éticamente y difícil económicamente hablando”, asegura el director de ‘El Público’, Ignacio Escolar, que calcula que se podría haber ganado entre uno y dos millones de euros al año si los accionistas no se hubieran negado a dar cabida a las ofertas de servicios sexuales. “El Código Penal castiga a los proxenetas, a aquellos que se lucran con la prostitución de otra persona, y nosotros creemos que sólo hay un grado de diferencia con la publicación de los anuncios”, sentencia Escolar. En la misma línea se pronuncia Luis Alberto Ribero, director comercial de ‘20 Minutos’, que precisa que a su proyecto le frenó el hecho de que “al ser un gratuito era muy duro” dejar de contar con el dinero que los anuncios representaban en sus primeros pasos. “La recomendación en el Congreso y los números saneados de la empresa –prosigue- nos decidieron a hacerlo” y ahora no ven entrar 1,5 millones de euros anuales en sus cuentas. No pierden ese dinero, habría que precisar, sino que lo dejan de ganar una vez que los resultados económicos son positivos. 

La cifra, en su caso, es elevada pero no de las mayores que se pueden encontrar. Las estimaciones incluidas en el informe elevado al Congreso apuntan que ‘El País’ puede embolsarse hasta seis millones de euros anuales con esta publicidad. La Asociación de Mujeres Progresistas premió la acción de ’20 Minutos’ y al igual que la Asociación de Mujeres Juristas ‘Themis’ tiene claro lo que supone mantener este espacio. Altamira Gonzalo, presidenta de las juristas, traslada la idea en una frase breve: “Estamos en contra porque se atenta directamente contra la dignidad de las mujeres”. Además, critica que “no hay ánimo de erradicar la prostitución por parte de administraciones y Fuerzas de Seguridad” y que aunque esté contemplado el castigo al proxeneta, cuando la prostituida es mayor de edad “el marco de impunidad es bastante amplio porque se presupone una voluntariedad”. A los medios tampoco puede dejar de reprocharles que estén “promoviendo y favoreciendo” la prostitución sin mirar al cliente que la sostiene. 

El Instituto Andaluz de la Mujer no descarta que en el futuro todo este asunto acabe en manos de los abogados. Su responsable en Almería, Adela Segura, está de acuerdo en que el difusor de la prostitución está participando “en un grado menor” del proxenetismo y se pregunta “hasta dónde vamos a ser capaces de llegar cuando se aplique de manera taxativa todo el articulado de las últimas leyes aprobadas –en referencia a la Ley Integral y su versión andaluza- en las que hay un apartado importante que se refiere a la dignidad y la imagen” de la mujer. Para el organismo al que representa, firme defensor del abolicionismo de la prostitución, mal vamos “si la economía tiene que estar fundamentada en la explotación de mujeres y en que esa explotación se vea como algo normalizado a través del uso de saunas o locales de masajes, en los que en realidad detrás se esconde una explotación inhumana, donde se está machacando lo más íntimo de las personas”. Con esa premisa por delante, el IAM impulsó en Almería la aprobación de un escrito por parte de distintas asociaciones en el que, en palabras de Segura, “mostramos nuestra repulsa a los anuncios que estamos viendo en todos los medios” y lo remitieron al Observatorio de la Publicidad no Sexista para  explicar que, fundamentalmente, la cuantía económica que estos medios ingresan hay que ponerla ya en entredicho y hay que empezar a hablar de frente y con las cosas claras”. 

‘Estos medios…’, remarca el IAM, de una manera generalista y no sin razones porque cuando uno aparta su mirada de la prensa escrita para centrarla en otros canales de expresión, como la televisión, ve que la situación no varía o que, incluso, es peor. De hecho, el Consejo Audiovisual de Andalucía a partir de la petición de la Asamblea de Mujeres Periodistas, ya ha actuado en la medida de sus posibilidades. Acaba de remitir a la Fiscalía Superior de Andalucía una serie de informes propios sobre la emisión de anuncios de contactos sexuales y de prostitución en las cadenas locales, teniendo en cuenta la falta de protección de los menores respecto a estos mensajes, la falta de respeto a los derechos del colectivo femenino y, en especial, el alejamiento que suponen de la lucha contra la violencia de género y el tráfico de mujeres. La Justicia, dice la consejera Carmen Fernández Morillo, deberá de determinar “si estos anuncios pudieran incardinarse como uno de los supuestos de publicidad ílicita previstos en la Ley General de Publicidad, tras la modificación motivada por las Medidas de Prevención Integral contra la Violencia de Género”.

Despiece: “Los anuncios no son un problema”

Cristina Garaizabal es la presidenta de la asociación Hetaira, una de las que forman parte la Plataforma Nacional que apoya la regularización del trabajo de las prostitutas junto, entre otras, a Pro Derechos Humanos-Andalucía. No cree que los anuncios sean un problema “si la prostitución es voluntaria, es libre” y “la mayoría de las personas que se anuncian lo hacen de manera libre al estar muy visibles”. Para la responsable, la recomendación del Congreso sigue la línea de la abolición cuando en lugar de acabar con los anuncios lo que habría que ver es, por ejemplo, “si individualmente contienen un lenguaje que dañe a la mujer”. Hetaira sostiene que tratar de acabar de un “gran plumazo” la prostitución lo único que conlleva es “clandestinizarla, favorecer más el chulo y dificultar el trabajo contra las mafias”.