“Deberías estar tratando con animales”; “no quiero que este cerdo asqueroso me tome la tensión”; “como venga mi marido con la pistola te vas a enterar” o, en el peor de los casos, una bofetada y una patada son algunos ejemplos de los insultos, amenazas y agresiones que médicos y enfermeros de la provincia de Almería han recibido a lo largo de 2006. Fue durante los meses de verano cuando se registró el mayor número de ataques, bien físicos o bien psicológicos.  Afortunadamente, en ningún caso estos profesionales sufrieron heridas de gravedad. Casi todos los incidentes siguieron el mismo guión: el `matón´ acude al médico con un familiar, normalmente un hijo o un hermano, y rechaza seguir el  protocolo -exige ser atendido inmediatamente—o el diagnóstico, ya que suele desconfiar de las pruebas o del tratamiento prescrito. Los médicos son los profesionales sanitarios que se llevaron la peor parte y, entre éstos, los que trabajan en los centros de salud y en los servicios de urgencias.   Según las autoridades sanitarias, esos 12 meses no fueron especialmente llamativos en cuanto al incremento del número de casos –unas 13 agresiones físicas, al igual que el ejercicio anterior-, pero sí se constató una mayor inquietud de sindicatos y organizaciones profesionales por este asunto, hasta el punto de comenzar al reclamar públicamente a la administración de justicia que proceda a considerar los actos violentos contra profesionales sanitarios como delitos y no como simples faltas que no conllevan prisión, sólo una pequeña pena económica. 

El presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco Ortega Viñolo, se mostró en sus diversas comparecencias especialmente preocupado por estas situaciones ya que, según sus palabras, “se empieza por poco y nunca sabemos cómo puede terminar una agresión”. También llamó la atención sobre los ataques psicológicos –como las amenazas-, que son mucho más comunes aunque menos llamativos para los medios de comunicación. De hecho, Ortega Viñolo fue uno de los primeros en reivindicar a jueces y fiscales que los agresores fueran castigados seriamente. El objetivo era evitar que insultos como “porquería de médico” o “mierda de médico”, pronunciados por una mujer que quería que a su marido se le administrase en urgencias una inyección que redujera su nivel de alcohol, en contra de lo aconsejado por el facultativo, se salden tan sólo con una multa de 120 euros. La ley es clara al respecto ya que un empleado del sistema sanitario público, en el ejercicio de su cargo y dentro de un organismo oficial como es un centro de salud, un consultorio o un hospital, es un funcionario público, por lo que la agresión puede considerarse un delito de atentado que está castigado con penas de prisión, de uno a tres años. El último caso del año se produjo el 28 de diciembre. Un médico de un centro de salud fue zarandeado por un padre porque no vio oportuno recetar un TAC craneal a su hijo que presentaba un dolor de cabeza. En opinión del Sindicato Médico, otra de las organizaciones que más ha denunciado las agresiones a facultativos, la administración sanitaria tiene parte de culpa en la actitud de los usuarios violentos al trasladar a los ciudadanos “que tienen derecho ilimitado a todo en la sanidad pública, cuando se escatiman inversiones en sanidad y al médico se le presiona en el sentido de que tiene que ahorrar en pruebas, en recetas y en pases para el especialista”, según las últimas declaraciones del presidente, Helio Fornieles. “Algunos pacientes o familiares acuden al centro sanitario con unas expectativas de atención rápida, a medida y cien por cien eficaz”, aseguró, para concluir que "estos conflictos estallan en la cara del médico, que cada día ha de estar más preocupado por satisfacer las pretensiones del paciente en lugar de preocuparse por su salud”. Desde la Consejería de Salud, la institución que debe velar por la seguridad de los profesionales sanitarios dentro de los centros públicos, también se condenaron con rotundidad estas situaciones. "Nada justifica que alguien agreda a un personal que está al servicio del ciudadano", manifestó en una de sus visitas a Almería la consejera de Salud, María Jesús Montero, si bien desde su departamento se insistió siempre en la existencia de un plan específico que se puso en marcha en abril de 2005, cuando se comenzó a tomar conciencia de la indefensión de los profesionales. En los últimos años se han instalado en los centros sanitarios almerienses más de 300 timbres de aviso y decenas de cámaras de vídeo, y hasta 22 guardias de seguridad vigilan las instalaciones que han registrado un mayor número de casos. Desde el Sindicato Médico se habla de "progresiva degradación de los servidores públicos" ya que los sanitarios, junto con los profesores y maestros, han sido protagonistas de nuevo este año de la falta de respeto de algunos hacia las normas de la convivencia de todos.