En una sociedad como la actual donde los ciudadanos no se ponen de acuerdo para unirse en la lucha de un problema común, no cabe tampoco que algunas decisiones o situaciones sean aceptadas y aprobadas al cien por cien sin que se suscite las críticas. La palabra ‘daños colaterales’, tan utilizada por los gobernantes para justificar pérdidas por decisiones no reaprobadas por la población en general, puede ser también aplicada a la polémica que ‘los temidos deslindes’ están provocando en algunos municipios del litoral costero de España en pie de guerra por la aplicación de la Ley de Costas  de 1988. 

¿Hasta donde una ley puede ser beneficiosa o perjudicial? Una reflexión que todos tenemos que hacernos para poder comprender la disertación que vecinos, gobernantes y ecologistas ofrecen para equilibrar esta balanza a un lado o a otro. Un equilibrio difícil de lograr, pues razones no les faltan a ninguna de las partes implicadas en esta lucha al explicar sus argumentos. Y es que, tan lícito es que el gobierno español haya decidido impulsar el Plan de Deslindes 2004-2008 en base a la Ley de Costas (22/1998) para proteger nuestro litoral de la erosión, como lo es que los propietarios de viviendas afectados por éstos muestren su rechazo a la misma por lo que consideran una ‘arrebato’ injusto de los bienes que ahora se encuentran en la zona de dominio público marítimo terrestre.   

El gobierno central, en virtud al artículo 132 de nuestra Carta Magna del 78, decretó mediante la correspondiente Ley de Costas de 1988 su dominio exclusivo de toda la ribera y rías del mar por razones de interés público para su mejor conservación, protección y uso racional. Esto quiere decir que Costas, y por tanto el gobierno estatal, prohíbe la edificación a menos de la distancia de 100 metros calificada como zona marítimo-terrestre. La medida era acogida con esperanza sobre todo por los grupos ecologistas que veían en la ley el instrumento eficaz para acabar con el ‘boom’ urbanístico de la costa. Sin embargo, en los pueblos tradicionalmente de costa la ley no es acogida con buenos ojos y, menos aún, el Plan de Deslindes impulsado por el Ministerio de Medioambiente como elemento imprescindible para realizar una correcta utilización de la ley. Un plan, que entró en vigor en 2004, y que prevé deslindar los    casi 10.000 kilómetros de costa que hay en España, 2.100  en Andalucía y 240,62 de Almería.          

No en vano, los deslindes no entienden de la historia arraigada de estos municipios que, con anterioridad a la ley de costas, se han desarrollado urbanísticamente. Tampoco entiende de valores sentimentales, pues estas casas, que han pasado de generación en generación, se convertirán, de un plumazo, en propiedad del gobierno al encontrarse éstas dentro de la zona de dominio público terrestre.

Bien es cierto que la realización de un expediente de deslinde no lleva aparejada la demolición de inmuebles, pero, también, lo es que las viviendas de las zonas deslindadas que se encuentran dentro del dominio público marítimo terrestre no pueden ser reformadas, pues Costas sólo permite realizar arreglos necesarios para garantizar la habitabilidad, pero nunca obras en la estructura de la vivienda. 

Precisamente, esta es la razón de peso que tienen los propietarios para anteponerse a estos deslindes. No en vano, éstos serán la herramienta aliada que el mar necesita para acabar ‘echando’ a estos propietarios. El avance que el Mediterráneo ha experimentado en los últimos años sobre la costa y la erosión que viene causando en la estructura de las casas cercanas es el argumento más claro que exponen los propietarios para negarse a la ley. Una ley que, sobre todo, perjudica a los pueblos tradicionalmente marineros que nada tienen que ver con los fenómenos urbanísticos sin freno y la especulación que se ha dado en algunas franjas del litoral andaluz y con las que el ministerio de Medio Ambiente quiere acabar.  

En algunos municipios de la provincia de Almería los deslindes no quitarán el sueño a nadie, tal es el caso del núcleo ejidense de Balerma, donde gracias a una ‘transitoria’ Costas permitió al Ayuntamiento de El Ejido realizar un estudio de detalle para lograr un frente costero que llevó a Costas a acceder la construcción aunque limitada. Eso hace posible que, aún hoy, se pueda edificar a pie de paseo marítimo en esta zona. Sin embargo, en otros municipios de Almería, el anuncio de los deslindes ha puesto en ‘pie de guerra’ a muchos vecinos que ya esperan lo peor, pues muchas de las casas y terrenos no cumplen los 100 metros de dominio terrestre, debido precisamente al avance que ha experimentado el mar en los últimos años. 

La cara de la otra moneda, es para Ecologistas en Acción, su presidente, Francisco Toledano, asegura que los deslindes “llegan tarde, siendo Almería una de las provincias más retrasadas en realizar los estudios”. Hasta el momento, tan sólo se encuentra deslindado casi el 70% del litoral de la provincia de Almería, restando aún unos 95 kilómetros por deslindar. Precisamente, el vacío legal existente por la falta de deslindes está generando, también, problemas, ya que los ayuntamientos no pueden negar a los constructores edificar en sus propiedades. Uno de estos casos se daba en 2006 en Pulpí. Allí, y tras denunciar Ecologistas en Acción la construcción de una urbanización de dúplex en uno de los acantilados de San Juan de los Terreros, Medio Ambiente mandó una advertencia al Ayuntamiento de Pulpí para que no diera licencias en el tramo de costa sin deslindar. De hecho, los técnicos explicaron que la aprobación definitiva del deslinde provisional podría llevar consigo después a que algunas construcciones de la costa pulpileña incurriera en una posible ilegalidad. De ahí que para evitar futuras irregularidades recomendaran a la alcaldesa, María Dolores Muñoz, a que no concedieran nuevas licencias y que esperara. 

Para Toledano, “la ley de Costas permitirá resolver irregularidades urbanísticas que están cometiendo a pie de playa. Algunos casos realmente espectaculares, como el del Hotel del Algarrobico. Por eso, decimos que ésta llega tarde, aunque no lo suficiente como para evitar otras barbaries”. 

Y mientras para los ecologistas la ley vendrá a “aportar el sentido común para conservar los recursos naturales”, para otros ésta y el impulso de los deslindes vendrán a significar pérdidas económicas o el deterioro de sus casas a pie de playa. El pulso está echado entre David y Goliat.