Aquel 2 de enero de 2006 en el que el Director General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente estampó su firma en la resolución que calificaba de interés público el expediente de expropiación del hotel de El Algarrobico, los ecologistas agrupados bajos distintas denominaciones irguieron el busto y giraron el cuello desde su torre vigía para otear el horizonte provincial de nuevos campos de batalla al rebufo de una victoria que iba a obligar a la administración a seguir dando la cara por la conservación del medio ambiente y de su mano. Al menos, por un tiempo, debieron pensar.

Denuncias presentadas por Ecologistas en Acción ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) fueron el resorte de la investigación iniciada por la Fiscalía de Audiencia Provincial de Almería y la citada mano que guió la mirada distraída de la Administración Autonómica hacia miles de viviendas surgidas por generación simbiótica espontánea en secarrales del Almanzora y norte de la provincia. Menos evidentes, quizá, que un hotel solitario de 400 habitaciones en una playa desierta pero con unas consecuencias jurídicas y económicas en la ordenación del territorio más significativas que no escaparon al ojo de los rastreadores ecologistas.

La delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, presta, anunció el 10 de mayo la apertura de expedientes sancionadores por desmontes en el Río Adra, zona calificada ZEPA y ecosistema de especies de fauna y flora endémicas en el Mediterráneo. Los responsables provinciales de este departamento habían leído con el café de la mañana de ese mismo día la denuncia de Ecologistas en Acción en los medios de comunicación locales.

La efectividad del Placebo Algarrobico para crear la sensación de seguridad jurídica y administrativa pública contra las agresiones y delitos contra el medioambiente contrasta con otros intentos fallidos de los colectivos ecologistas que no han podido frenar el macroproyecto residencial en los Acantilados de Aguadulce y en el que la Junta de Andalucía alegó no tener competencias para modificar, se mirase por donde se mirase, con o sin prismáticos no se sabe si de la misma marca que la de los en poder de los conservacionistas.

Casi todas estas otras denuncias, casi siempre anteriores a 2006, se encuentran perdidas, en el mejor de los casos, en un enmarañado entramado judicial con recursos contencioso administrativos y superiores de ida y vuelta, absoluciones de altos cargos de Medio Ambiente o alegaciones a expedientes públicos que dejan en el limbo proyectos tan denostados por Salvemos Mojácar como el complejo turistico de Med Group en Playa Macenas.

El Algarrobico no ha sido, sin embargo, una batalla incruenta. La responsable de Costas de Greenpeace, María José Caballero se enfrenta a una multa de 6.000 euros que la constructora Azata del Sol pide en concepto de daños y perjuicios por la ocupación del hotel. No es el único caso del vigilante vigilado. El letrado de Ecologistas en Acción retomó en 2006 sus denuncias por el trato que los abogados de Almería reciben de la judicatura de la provincia y llegó a remitir una carta al ministro de Justicia, Juan Fernándo López Aguilar, que alertaba de la persecución al denunciante y no al denunciado.