Juan Mañas Morales, Luis Cobo Mier y Luis Montero García. Son los nombres de tres víctimas inocentes de un caso que ya ha cumplido un cuarto de siglo: el caso Almería. Ocurrió un 10 de mayo de 1981 cuando tres jóvenes, entonces residentes en Cantabria, murieron después de ser torturados, vejados y asesinados por guardias civiles destinados en la Comandancia de la Guardia Civil.

Los tres jóvenes –uno de ellos era natural de Pechina y había venido junto a sus amigos a la comunión de su hermano- fueron confundidos con tres etarras cuando se dirigían en coche a Almería. Un mal chivatazo fue el origen de un desgraciado caso que saltó a las primeras páginas de los periódicos en una incipiente democracia española.

Veinticinco años después, la prensa almeriense se ha hecho eco de la eferméride. Sus familiares, sobre todo la madre y el hermano de Juan Mañas, siguen reclamando justicia y la verdad completa. Una verdad que no llega. Ha pasado un cuarto de siglo y muchas incógnitas siguen sin despejar.

El caso Almería realmente arranca el 7 de mayo de 1981 cuando la banda terrorista ETA, en una época en la que las Fuerzas Armadas eran un blanco constante, atenta contra el teniente general Joaquín Valenzuela, por entonces Jefe del Cuarto Militar del Rey, que resultó herido grave. Valenzuela viajaba en un vehículo junto al teniente coronel Guillermo Tevar, el suboficial Antonio Nogueira y el soldado Carlos Rodríguez. Los tres murieron en la explosión. Fueron tres víctimas de la barbarie etarra.

En Almería hubo otras tres víctimas. Mañas, Cobo y Montero fueron testigos televisivos de que en los días posteriores al atentado se practicaran múltiples detenciones de etarras y miembros de Herri Batasuna en busca de los presuntos asesinos de los militares, pero jamás se les pudo pasar por la cabeza de que fueran imputados, sin juicio alguno, sin defensa alguna, por la Guardia Civil en un crimen que nunca cometieron y por el que pagaron con sus vidas.

Mañas, Cobo y Montero eran amigos en Santander y desde allí partieron en coche hasta Almería para asistir a la Primera Comunión de un hermano de Juan Mañas, Francisco Javier. Tuvieron la mala fortuna que el coche que en el que viajaban se averió en Puertollano (Ciudad Real). Allí alquilaron un coche, un Ford Fiesta, y desde allí partió el ‘chivatazo’ a la Guardia Civil al comunicar un ciudadano que esos tres jóvenes tenían rasgos parecidos a las imágenes que en el telediario aparecían como los supuestos asesinos de los militares en Madrid.

Al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería estaba el teniente coronel Carlos Castillo Quero, un cordobés nacido en 1932 y que murió en su ciudad natal 13 años después del Caso Almería. El alto mando de la Benemérita recibió la comunicación interior de que tres sospechosos venían a esta provincia. El objetivo estaba claro: los tres ocupantes de un Ford Fiesta con una determinada matrícula.

Mañas, Cobo y Montero llegaron a Pechina sin imaginar que iban a ser perseguidos y detenidos en Roquetas de Mar, donde fueron a visitar la que entonces ya era la capital turística de la provincia. De los hechos que sucedieron desde esa detención hasta el momento de su muerte, en un terraplén de la carretera que conduce a Gergal, han circulado multitud de versiones, pero casi todas coinciden en que las horas que transcurrieron fueron de torturas, presiones y amenazas para que se confesaran autores de unos asesinatos que jamás cometieron. Fueron confundidos con terroristas, pero no cometieron ningún atentado.

La versión oficial narró entonces que los jóvenes iban armados e indocumentados y que perdieron la vida en un accidente de circulación después de que guardias civiles dispararan al vehículo donde iban detenidos y que explosionó. Los tres cadáveres quedaron convertidos en cenizas.

Esa versión no fue creíble. Así lo recordaban en mayo de 2006 los periodistas Pedro Manuel de la Cruz, Miguel Ángel Blanco, José María Granados y Antonio Torres en un programa especial que Localia TV dedicó al 25 aniversario del Caso Almería. Los cuatro recordaron las presiones de la Guardia Civil y las filtraciones que se produjeron para que se conociera la verdad periodística, incluso antes que la verdad jurídica.

Cuentan que la justicia es lenta pero en esta ocasión se actuó con celeridad. El 28 de julio de 1981, la Audiencia Provincial de Almería condenó a tres agentes, entre ellos el teniente coronel Carlos Castillo Quero, por tortura y homicidio y se marcó el pago de una indemnización de tres millones de pesetas a las familias de las tres víctimas. Gracias a este caso, cobró notoriedad el abogado almeriense Darío Fernández Álvarez.

El cumplimiento de la condena estuvo salpicado de irregularidades, ya que hasta que los homicidas fueron separados de la Guardia Civil, cumplieron condena en centros militares, en lugar de en cárceles ordinarias. Los verdugos, según se recuerda en los portales digitales, cobraron el retiro -varios millones- con fondos reservados del Ministerio del Interior.

La sentencia fue recurrida. Finalmente, el Tribunal Supremo condenó al teniente coronel Castillo Quero a 24 años de cárcel, al teniente Gómez Torres a otros 15 y al guardia Fernández Llamas a 12 más, imputándoles tres delitos de homicidio. Los tres fueron expulsados de la Benemérita.

Se han cumplido 25 años, un cuarto de siglo, de este relato, a todas luces incompleto. En 1981, hubo muchos testigos, pero no todos han hablado, e incluso algunos se han llevado el secreto a la tumba. Al cumplirse este aniversario sí se ha conocido que en plena investigación de lo sucedido, decenas de ultraderechistas y agentes de la Guardia Civil trataron en las semanas posteriores al Caso Almería de torpedear la labor que llevaba a cabo para esclarecer lo que ocurrió.

Hubo amenazas, cartas intimidatorias, espionaje a las personas que acudían a visitar al abogado Darío Fernández y rumores falsos como una supuesta agenda de ETA en Mojácar o presencia de terroristas del Grupo GRAPO en Almería. Todo se urdía para desviar la atención, para que no hubiera verdad jurídica. Pero sí la hubo. Lo mismo que se trató, y quizá se consiguió, con muy pocos años de régimen democrático, de que hubiera verdad periodística. La verdad real tendrá que esperar. Que no pasen 25 años.