La inmigración en la provincia “genera demandas de servicios que a veces superan la disponibilidad existente de medios”. Era el 2 de octubre cuando el propio subdelegado del Gobierno en Almería, Miguel Corpas, reconocía durante un acto público con estas palabras entrecomilladas que, en determinadas ocasiones a lo largo del 2006, la masiva llegada de extranjeros a la costa había desbordado las posibilidades de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de los centros de acogida de menores. La puesta en marcha del Servicio Integral de Vigilancia Exterior –el archiconocido SIVE- en la primavera del pasado año no lo pudo tampoco evitar. Apenas un mes más tarde de ese reconocimiento vino una nueva confirmación de esa realidad. Pasaban las nueve y media de la mañana del 3 de noviembre cuando los pescadores y trabajadores del puerto pesquero de Almería miraban, en pie, todos hacia el mismo punto: el techo del antiguo cocedero de mariscos que unos meses atrás se transformó en alojamiento temporal de los inmigrantes interceptados en pateras cuando las dependencias de la Comisaría de la capital se encontraban saturadas. En esos momentos, hasta 113 extranjeros estaban en el interior de una nave sin condiciones para albergarlos ni para que los Cuerpos de Seguridad pudieran desempeñar su delicado trabajo con estas personas. La frustración y las ganas de alcanzar su sueño, según la definición que hizo de los hechos el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, llevó a un grupo de los extranjeros retenidos a hacer un agujero en el techo de uralita del enclave para después saltar al tejado e intentar darse a la fuga. Los periodistas, paradójicamente, pudieron vivir en primera línea el acontecimiento porque a pocos metros se les había convocado para asistir a un encuentro convocado por la Subdelegación del Gobierno. Con anterioridad, ya habían saltado las voces de alerta en ese sentido, aunque sin cámaras ni fotógrafos que pudieran captar el instante de los incidentes, a partir de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Esa organización fue la que desveló que en septiembre lograron escapar del mismo local un grupo de 15 inmigrantes cuando eran vigilados por apenas dos agentes. En la última ocasión conocida, la narrada del 3 de noviembre, pocos minutos después de los gritos de pescadores comenzaron a llegar patrullas Policía Nacional, Guardia Civil y de la Policía Portuaria a la zona. Se frenó el intento de huida y se detuvo a tres de los magrebíes que consiguieron escapar. La situación se controló sin daños para nadie y sólo hubo que sacar del antiguo cocedero a uno de los inmigrantes, un varón joven, para que fuera atendido en una ambulancia. Lloraba mientras caminaba entre la gran cantidad de agentes y periodistas agolpados en las inmediaciones de la nave aquejado de varias dolencias. Dos equipos de limpieza fueron, instantes después, a desinfectar el interior de la habitación en la que se encontraban los extranjeros. El hacinamiento al que se habían vistos sometidos allí junto con la larga travesía que llevaban a sus espaldas hacía que el olor dentro del local fuera casi insoportable, según se desprendía claramente del rostro de los agentes que entraban y salían de la nave para proceder, de una manera ya rutinaria, a la identificación de los interceptados para iniciar su repatriación. El intérprete y el abogado que acudieron hasta el lugar para acometer esas labores no quisieron entrar al cocedero por miedo al suceso que acababa de producirse y pidieron que se fuera sacando uno a uno a los inmigrantes a la calle para realizar su trabajo con seguridad.

Fue la gota que colmó el vaso y tanto el Sindicato Unificado de Policía como la Asociación Unificada de la Guardia Civil reclamaron soluciones al problema y unas instalaciones dignas en las que alojar a los magrebíes en los periodos de fuertes oleadas de pateras. “La desesperación es muy atrevida”, aseguraba el representante de los guardias civiles, Antonio Tortosa, quien temía que en nuevos incidentes pudiera haber “consecuencias más graves” que las que, al final, hubo. La respuesta del Gobierno no se hizo, en este caso, esperar demasiado y unos días después del incidente anunció que se instalarán, ya durante 2007, módulos prefabricados en el puerto almeriense con capacidad para acoger hasta a 300 personas mientras se tramita su expulsión del país. En principio, se apunta a que además de habitaciones que cumplan con los requisitos de seguridad indispensables en estos casos, las futuras instalaciones tendrán comedor, oficinas en las que los funcionarios y policías puedan realizar de manera óptima su labor y no faltará el aire acondicionado pensando en el sofocante verano almeriense. Ante la pregunta de por qué ahora sí es necesario este recurso si hace unos años también llegaban extranjeros a la costa y no se planteaba tal necesidad, existe un factor interesante de analizar. Se da la circunstancia de que las rutas de la inmigración han cambiado en Almería en los últimos tiempos y que hasta el pasado año la mayor presencia de marroquíes no implicaba la puesta en marcha de un centro de detención provisional en el puerto. Al tener presencia del Consulado de Marruecos en Almería, los inmigrantes eran rápidamente reconocidos como ciudadanos de esa nacionalidad y  repatriados en buques a su país de origen. El traslado se llevaba a cabo entre 24 y 48 horas después de su arresto. Las nuevas características de la inmigración ilegal –oleadas de pateras más numerosas pero con menos ocupantes, en este caso de origen argelino- hizo variar la situación. El Consulado de Argelia está en Alicante y tarda días en recibir en sus instalaciones a los extranjeros detenidos por intentar entrar ilegalmente al país. La Policía Nacional tiene entonces que pedir la privación de libertad temporal para los inmigrantes a los jueces de la capital almeriense antes de trasladarlos a los distintos centros de internamiento repartidos por el país. Los trámites no son tan ágiles y hasta la salida, en bus o avión, a los mencionados centros pasan un par de días en la Comisaría, en el antiguo cocedero o, en el futuro reciente, en los módulos que se van a preparar. Eso sí, por el momento no existe ni la intención de abrir una sede consular de Argelia en la provincia ni la de construir un centro de internamiento, como ha reclamado el PP, en la provincia.