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La vida es una tómbola
Hipotecas a 40 años, dos salarios y la ayuda familiar no son suficientes para que miles de jóvenes den el paso adelante para la compra de una vivienda. A lo más han de conformarse con acudir a un sorteo cuyas normas, además, indican muy claramente que no todos los españoles somos iguales ante la ley, pero hoy en día tampoco están los tribunales de Justicia como para confiarle que velen por nuestros derechos porque seguramente cuando nos dieran la razón no tendríamos edad ni fuerzas para exigir el cumplimiento de la sentencia. No crean, no es exageración, basta con asomarse a la calle y fijarse un poco.
Quienes pretendan disponer de una vivienda propia en Almería capital han de pagar un precio más que excesivo y, aunque se comprende el sistema económico en el que vivimos, en el que las empresas deben tener su margen de ganancia, la madeja que se hace con el hilo de la construcción está demasiado enredada. Para empezar está el precio normal del suelo; es decir, el que se ha pagado al propietario del mismo: después está el precio real, que es el que pone el nuevo propietario tras el convenio urbanístico correspondiente. Luego está la sociedad promotora que se pone a vender algo que todavía no existe aunque eso sí, hay un plano y unos dibujitos que invitan a pasar el resto de tus días en un paraíso con zonas verdes y aparcamientos. Para empezar a hablar hay que depositar algo que llaman fianza, pero que no es tal. Normalmente con ese dinero uno tiene derecho a formar parte de un listado y, como mucho, a convertirse en el futuro, en el feliz propietario de una plaza de garaje, un trastero o un local comercial situado en el húmedo subsótano del futuro edificio. Además, durante un chorro de meses, hasta la entrega de llaves, hay que pagar una serie de letras o recibos. Por fin llega el momento de acudir al notario y de subrogarse la hipoteca. Gastos de Notaría, la posible sorpresa del IVA del que nadie le había hablado hasta ese momento, registro, tributos estatales, autonómicos y municipales... pero ya no se puede dar marcha atrás, por delante posiblemente un compromiso de pago que finalizará si hay suerte conla jubilación.
Pero bueno, quien dispone de valores democráticos y aún no se ha dado cuenta de que la Constitución lo que realmente recoge son muy buenas intenciones, espera que los poderes públicos faciliten su búsqueda mediante acciones de carácter general. Y así, cuando un ciudadano espera que su ayuntamiento, el que sea y gobierne quien gobierne, tire la casa por la ventana y en esos convenios urbanísticos que firma a lo largo de un mandato reclame suelo para viviendas sociales, o VPO o como quieran llamarlas, se encuentra con una escasez de oferta que tira de espaldas; y lo más que se le oferta es un número para un sorteo: `Lo mismo tienes suertecilla´, `Es así para todos´, `Si también echa los papeles tu pareja tendréis dos oportunidades´... empieza a oír de ventanilla en ventanilla antes de depositar el `precio del boleto´ que eso sí, tiene reintegro sin intereses.
Pero claro, la hipoteca, los gastos de notario, registro, etc... no se los quita nadie aunque, hay que reconocer, el precio es más bajo que el de la vivienda libre.
Especulación municipal
Lo más chocante de todo esto es que teniendo sólo en cuenta el sentido común, se descubre que el Ayuntamiento, tu Ayuntamiento, también es un especulador. ¿Cómo?, pues poniendo precio a su propio suelo.
El sentido común nos dice que el precio de los materiales que se emplean en una construcción es el mismo: cemento, ladrillos, yeso, arena, pintura..., igual ocurre con el PVC, el cable para la instalación eléctrica, el cobre... los revestimientos, la solería, las ventanas, persianas, puertas, ventanas... En calidades similares, igual precio ¿o no? Si además el sector de la Construcción se rige por un convenio colectivo de carácter provincial que asegura los mismos salarios para los trabajadores. Por qué una casa de similares características cuesta el doble en la capital que en un pueblo de la provincia? Hay que tener en cuenta que el suelo, en ambos casos, es público. Es decir, su propietario es el Ayuntamiento.
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